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Foto: Facebook Pablo Gutiérrez Lázarus

La Auditoria Superior de la Federación, dependiente del gobierno federal, mantiene procesos de investigación sobre presuntas irregularidades durante la administración municipal 2015-2018, encabezada por el ex presidente, Pablo G.L., quien se encuentra sujeto a proceso por el delito de peculado y uso indebido de atribuciones.

De acuerdo con información del portal de internet de esta dependencia encargada de auditar los fondos federales que entregan a los municipios de cuyos procesos se desprenden observaciones a ser solventadas en diversas oportunidades, hasta ahora el ex edil de Carmen no lo ha hecho.

En la página de internet www.asf.gob.mx, se detallan al menos seis expedientes, bajo los cuales, no fueron solventadas observaciones que se hicieran a las cuentas públicas correspondientes del 2016-2018, bajo los numerales 16-D-04003-020619-15-003/EPRA/0402/2021, 2017-D-04003-16-0658-15-01/EPRA/0132/2019, 2017-D-04003-15-0657-15-001/EPRA/0239/2019, 2017-D-04003-15-0657-15-003/EPRS/0232/2019 y 2017-D-04003-15-0657-15-002/EPRA/0072/2020.

En el 2016, producto de la revisión a las Participaciones Federales a Municipios, se hizo la observación bajo la clave de la acción superveniente 16-D-04003-02-0619-15-003/EPRA/0402/2021, en virtud de la no solventación del Pliego de Observaciones 16-D-04003-02-0619-06003, por lo que se inició una investigación de presunta responsabilidad administrativa.

“En esta observación, se muestra que le retuvo a los trabajadores del Ayuntamiento lo que les corresponde pagar ante el IMSS, pero no cumplió con el pago a la institución, quitándoles el derecho de servicio médico y disminuyendo sus semanas cotizadas, lo que se resume en una pensión menos para cada uno de ellos”.

En ese mismo año, la Auditoría Superior de la Federación observó un presunto daño o perjuicio a la Hacienda federal por un monto de 2 millones 810 mil 390.19 pesos, más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2016, “para realizar pagos de obra que consta en una cerca perimetral de una fuente de captación y una adquisición de químicos para desinfección de sistemas de agua del municipio, que no se encuentran dentro de los rubros permitidos para los lineamientos generales para la operación del fondo”. 

Esta observación se encuentra en seguimiento ante la Fiscalía General de la República y ante el Departamento de Responsabilidades de Servidores Públicos, ante el daño que da lugar a sanciones penales, por lo que la federación solicita la devolución del dinero, por no haber sido destinado a los fines para que fuera etiquetado.

De la misma manera, en el 2016 se observó un probable daño o perjuicio, o ambos a la Hacienda federal, por un monto de 30 millones 673 mil 654.86 pesos, por no haber aplicado la totalidad de los recursos disponibles al 31 de diciembre de 2016, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, más los rendimientos financieros generados hasta la aplicación de los recursos del mismo.

Esta se considera una desviación grave de recursos, ya que no se gastó el dinero en lo que se informó a las autoridades federales, por lo que se mantiene seguimiento ante la Fiscalía General de la República, ante el daño que da lugar a sanciones penales.

 

Pago al IMSS

En el 2017, la Auditoria hizo la observación del presunto daño o perjuicio a la Hacienda federal por un monto de 581 mil 261.10 pesos, más los rendimientos financieros que se generen hasta su reintegro a la cuenta bancaria de Participaciones Federales 2017, por destinar recursos para el pago de actualizaciones y recargos por no efectuar a tiempo y forma el pago de cuotas obrero patronales al IMSS, “lo que significa que no paga a la institución durante su administración, pese a que cada mes se envía el recursos para ello, contemplado en el Presupuesto de Egresos, dañando a los trabajadores, quienes estuvieron a punto de quedarse sin el servicio médico”.

Edición: Elsa Torres


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