CIA revela lo que quiso ocultar Brasil

Eric Nepomuceno
Imagen: Twitter @CIA
La Jornada Maya

Río de Janeiro, Brazil
Domingo 13 de mayo, 2018

El penúltimo general dictador de la larga noche de tinieblas vivida por Brasil entre 1964 y 1985, Ernesto Geisel, al igual que su sucesor, el también general João Baptista Figueiredo, autorizaron la ejecución de “subversivos peligrosos”. Fueron, pues, los responsables directos por el asesinato o la desaparición de al menos 89 brasileños entre 1974 y 1985.

Un informe enviado el 11 de abril de 1974, un jueves, por el entonces director de la CIA (Agencia Central de Inteligencia estadunidense), William Colby, al todopoderoso secretario de Estado Henry Kissinger, artífice, entre otras hazañas, del golpe que destituyó meses antes al presidente chileno Salvador Allende, dice con todas sus letras que en una reunión con Figueiredo, entonces el jefe máximo de los servicios de inteligencia, y otros dos generales, que Geisel autorizó el método (ejecución sumaria) fuese preservado como “política de Estado”.

Geisel hizo solamente dos recomendaciones: que las ejecuciones fuesen aprobadas personalmente por Figueiredo, y que sólo fuesen asesinados ‘subversivos comprobadamente peligrosos’.

Los detalles de la comunicación entre el director de la CIA y el secretario de Estado fueron divulgados el pasado jueves por Matias Spekctor, quien además de columnista del diario conservador Folha de Sao Paulo es un prestigiado investigador de la Fundación Getulio Vargas. “Ha sido el documento secreto más perturbador que he leído en más de veinte años de investigación”, dijo Spektor.

En el oficio enviado a Kissinger, Colby describe una reunión ocurrida poco antes, el 30 de marzo, quince días después de que Ernesto Geisel llegare a la silla presidencial. Participaron otros tres generales que encabezaban el combate a la oposición a la dictadura: Milton Tavares de Souza, que salía del comando del Centro de Inteligencia del Ejército, y Confucio Danton de Paula Avelino, quien asumía el puesto, y Figueiredo, el jefe máximo del nefasto Servicio Nacional de Informaciones.

En ese encuentro Tavares de Souza, en tono de despedida, informó a Geisel que en el periodo de su antecesor, presidente Emilio Médici, al menos 104 personas furon “sumariamente ejecutadas” por miembros del Centro de Inteligencia del Ejército. Y, acto seguido, pidió al nuevo mandatario autorización para que las fuerzas armadas mantuviesen la política de exterminio de opositores.

Todo eso ocurrió un sábado, y al final de la reunión, Geisel pidió a sus subordinados pensar sobre el tema hasta el lunes. Y el lunes primero de abril, cuando se cumplían diez años de dictadura (y que, curiosamente, es en Brasil el “día de la mentira”, o, como dicen en España, “de los santos inocentes”), Geisel dio su veredicto: tal política, efectivamente, debería continuar. Con un detalle: solamente “subversivos peligrosos” debían ser ejecutados. Determinó que todas las ejecuciones serían previamente aprobadas por Figueiredo.

El informe de Colby a Kissinger no deja lugar a dudas. Todo es minuciosamente detallado. Dos de los párrafos del documento – el primero y el quinto – siguen blindados, o sea, no han sido liberados.

Hace décadas, una de las más sólidas e icónicas figuras de la izquierda brasileña, Leonel Brizola, dijo que uno de los problemas de “los golpistas de latinoamericanos es que confían en la CIA. Se olvidan de que pasado algún tiempo, sus archivos son abiertos y entonces salta todo lo podrido que hicieron”.

La revelación del documento localizado por Spektor causó cierto revoltijo en Brasil. Curiosamente, los archivos ahora examinados estaban disponibles al público desde 2015.

De los países latinoamericanos que transitaron de dictaduras a democracias en años recientes, Brasil es el único – el único – en que ninguno de los agentes del Estado que cometieron crímenes de lesa humanidad ha sido casatigado. Sobran pruebas, pero la ley de amnistía promulgada en agosto de 1979, ya en el ocaso de la dictadura, por el entonces presidente Figueiredo – el general encargado de decir quiénes eran o no “subversivos peligrosos” aptos para ser ejecutados – asegura la inmunidad “para los dos lados”.

En el fondo, queda ahora claro, Figueiredo y su grupo decretaron una auto-amnistía.

Hace ocho años, la corte suprema de Brasil ratificó la ley de amnistía, o sea, la impunidad.

Todo eso salta ahora al ruedo, en un momento en que Brasil vive un estado muy cercano al de la excepción, a raíz de un golpe institucional que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff . En las últimas semanas, se volvió a escuchar la fuerte voz de los cuarteles.

Con un presidente altamente impopular e impotente, al menos 70 oficiales del ejército, retirados y de las patentes más elevadas, se disponen a disputar cargos de diputado estatal o nacional, además de gobiernos de varios estados y escaños en el Senado. Y el candidato mejor posicionado en las encuestas, a quien sólo supera Lula da Silva, cuya candidatura está prácticamente inviabilizada, es precisamente un capitán retirado, Jair Bolsonaro, quien además de defender a la pasada dictadura también defiende la tortura.