Líder feminista denuncia detenciones arbitrarias y torturas en Bolivia

Sputnik
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La Jornada Maya

Montevideo, Uruguay
Lunes 18 de noviembre, 2019

Detenciones arbitrarias, torturas y hacinamiento de detenidos denunció la activista boliviana Adriana Guzmán, de la comunidad aymara e integrante del colectivo Feminismo Comunitario Antipatriarcal.

"Hay detenciones ilegales; solo en el centro de La Paz hay 75 detenidos; no se les permite el uso del baño (...) han sido golpeados; hay 55 hombres y 20 mujeres, han sido torturados y obligados a declarar cosas falsas, como que traían piedras en la mochila", dijo Guzmán a [i]Sputnik[/i] sobre arrestos llevados a cabo por las autoridades.

Entre los detenidos habría dirigentes sociales, transeúntes, estudiantes universitarios y profesores, según Guzmán.

"No han tenido derecho a la defensa. Se está dificultando el ingreso de alimentos, han sido golpeados, torturados y no se ha permitido el ingreso de abogados de derechos humanos (...) están haciendo todo esto para escarmentar a las organizaciones sociales", agregó.

El Gobierno de facto que encabeza Jeanine Áñez está aplicando medidas que profundizan el golpe de Estado, como el decreto que libera de responsabilidad penal a policías y militares, lo que significa una "carta libre para que maten", dijo Guzmán.

"Hay algunos diputados que están planteando la negociación. La posición de las organizaciones es que sobre los muertos no se negocia. ¿Qué podríamos negociar en un golpe de Estado, con quienes están sacando las fuerzas militares? No hay ningún tema a negociar. Van a seguir las movilizaciones y se van a radicalizar los bloqueos a rutas", agregó.

Para que se terminen las protestas, la presidenta Áñez debe renunciar, según Guzmán.

"Es una senadora de ultraderecha, públicamente racista, y todo el gabinete que ha puesto está vinculado al fascismo y a los grupos armados de lo que han llamado limpieza étnica desde el 2008", denunció.

Bolivia está envuelta en una crisis política desde que Evo Morales (2006-2019) renunció a la presidencia, presionado por las Fuerzas Armadas y la policía y luego de varias semanas de protestas por un presunto fraude electoral en los comicios del 20 de octubre.

Luego de que Morales fue asilado por México, Áñez se autoproclamó presidenta sin pasar por los procedimientos legislativos previstos en unas sesiones del parlamento que no tenían el quórum requerido.

La investidura de facto de Áñez fue avalada por el Tribunal Constitucional.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos contabilizó al menos 23 muertos y 715 personas heridas desde el inicio de la crisis, entre ellos al menos 9 fallecidos y 122 heridos por represión combinada de la policía y fuerzas armadas desde el viernes, cuando los uniformados arremetieron contra una mar.