La Unión Europea impuso el lunes sanciones a Rosario Murillo, primera dama y vicepresidente de Nicaragua, y otros siete funcionarios acusados de violaciones de derechos humanos y de atentar contra la democracia, en medio de una ola represiva en ese país centroamericano.
Las sanciones, que congelan los activos de los individuos acusados y les prohíben viajar a Europa, “son en contra de individuos y han sido diseñadas de tal manera que no afecten al pueblo ni a la economía de Nicaragua”, afirmó la Unión Europea en un comunicado.
En los últimos dos meses, las autoridades nicaragüenses han detenido a más de 20 políticos opositores y candidatos que se hubieran enfrentado al presidente Daniel Ortega en las elecciones del 7 de noviembre.
Ortega, de 75 años y quien busca un cuarto mandato, denuncia que las protestas de abril del 2018 eran parte de un plan un golpe de Estado tramado por potencias extranjeras. La mayoría de los detenidos están incomunicados, en instalaciones secretas y sin acceso a abogados.
La Unión Europea expresó que las sanciones demuestran su “voluntad a usar todos los instrumentos disponibles para fomentar una solución pacífica, democrática y negociada a la crisis política de Nicaragua”.
Añadió que la detención la semana pasada de un séptimo posible candidato “lamentablemente ilustra la magnitud de la represión en Nicaragua y proyecta un sombrío panorama de cara a las elecciones”.
Con esta decisión, la cantidad de funcionarios nicaragüenses sancionados por la Unión Europea asciende a 14.
Edición: Ana Ordaz
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