El empresario colombiano Alex Saab, a quien Estados Unidos señala como presunto testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro, compareció el lunes por primera vez ante un tribunal federal de Miami para ser notificado formalmente de ocho acusaciones de lavado de varios cientos de millones de dólares presuntamente provenientes de negocios corruptos con Caracas.
En una breve audiencia por Zoom, el magistrado John O’Sullivan dijo que Saab permanecerá detenido por ahora y fijó un nuevo procedimiento judicial para el 1 de noviembre, en el que podrá declararse inocente o culpable.
La audiencia tuvo lugar dos días después de la extradición de Saab desde Cabo Verde, que tensó aún más las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos; y poco antes de una visita del secretario de Estado, Anthony Blinken, a Colombia prevista para esta semana.
Saab participó desde una sala de la prisión federal donde está detenido. Permaneció solo, sentado detrás de una mesa. Llevaba el cabello oscuro y largo hasta el cuello, camisola y pantalones de presidiario anaranjados y cubrebocas.
Después de identificarse con nombre y apellido a través de una intérprete que le traducía al español por vía telefónica, Saab dijo que había elegido a Henry Bell para que lo representara como abogado. Sus palabras no fueron escuchadas en la audiencia, en la que sólo habló por él la traductora.
Su llegada a Estados Unidos ha tenido impacto en ámbitos que exceden el judicial.
Tras su extradición el sábado, el gobierno de Maduro anunció que suspendía su participación en el proceso de diálogo con la oposición, avalado por Estados Unidos y que ocurría en la Ciudad de México. Asimismo, seis ejecutivos petroleros estadunidenses acusados de corrupción que permanecían bajo arresto domiciliario en Venezuela fueron encarcelados nuevamente en un caso con connotaciones políticas y alegaciones de arresto indebido.
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El diálogo debía reanudarse el domingo y antes de la extradición el gobierno venezolano había pedido que Saab fuera incorporado a la mesa de conversaciones. Un día después de que Venezuela dijo que se retiraba, la oposición pidió que las conversaciones se reanuden.
El gobierno de Maduro había dicho que Saab era un enviado diplomático y había hecho todo lo posible por conseguir la liberación del colombiano, que fue arrestado en Cabo Verde cuando el avión hizo una parada para recargar combustible camino a Irán.
Ambas partes habían retomado el diálogo en agosto para abordar la crisis humanitaria y allanar el camino a una apertura democrática. El gobierno estadunidense, que ha tratado de restar importancia al impacto político de la extradición de Saab, es clave para el éxito de esas conversaciones.
Saab, de 49 años, permaneció 16 meses bajo arresto en Cabo Verde, donde fue detenido en junio de 2020.
En una carta que leyó su esposa tras ser extraditado, el colombiano expresó que no ha cometido ningún delito y que no tiene nada que colaborar con Washington.
Algunos destacaron el mensaje anticorrupción del proceso judicial de Saab en momentos que Blinken se apresta a viajar a la región.
“Esta es una demostración importante desde la perspectiva de Estados Unidos del hecho de que nadie está por encima de la ley y que las personas que están cerca de todas las actividades ilícitas del gobierno venezolano les llegará su día del juicio final”, expresó Jason Marczak, director Centro para América Latina Adrienne Arsht del Atlantic Council, en un panel que abordó la situación de Saab y el viaje de Blinken.
Desde Brasil, el presidente colombiano Iván Duque dijo que espera que Saab ayude a esclarecer cómo operan las redes de lavado de activos en las que participan empresas “fachada” en Colombia y el gobierno de Maduro.
La fiscalía acusa a Saab de amasar una fortuna de más de 350 millones de dólares a través de negocios corruptos en los que habría sobornado a funcionarios venezolanos y falsificado documentos.
Según las acusaciones, Saab obtuvo un contrato con el gobierno venezolano en noviembre de 2011 para construir viviendas económicas y aprovechó la tasa de cambio favorable del dólar para entregar documentos de importación de materiales que nunca llegaron a Venezuela. Para que esas transacciones fueran aprobadas, presuntamente sobornó a funcionarios venezolanos.
Los fiscales alegan que algunas reuniones sobre los pagos de los sobornos ocurrieron en Miami y que Saab y otro colombiano transfirieron dinero a cuentas bancarias del sur de Florida.
Los cargos fueron presentados en los tribunales estadounidenses en julio de 2019, el mismo día que el gobierno de Donald Trump incluyó a Saab en una lista de personas sancionadas alegando que utilizaba una red de compañías fantasma para esconder ingresos provenientes de contratos sobrevaluados de alimentos.
En la audiencia, el fiscal Kurt Lunkenheimer pidió que Saab permanezca detenido, alegando que si quedara en libertad existiría el riesgo de que se fugue.
Bell, el abogado de Saab, dijo que no había tenido tiempo de dialogar aún con su cliente y pidió al juez que le solicite al departamento de Justicia facilitar una comunicación “lo antes posible”.
Edición: Estefanía Cardeña
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