Someter a una niña a un embarazo es ''tortura'': ONU Bolivia

AP y Europa Press

Naciones Unidas en Bolivia ha recordado a la nación andina que someter a una niña a un embarazo forzado está calificado como "tortura", en el marco de la polémica desatada en el país por el caso de una niña boliviana de 11 años que se ha quedado embarazada tras sufrir abusos sexuales y que, finalmente, tendrá el bebé.

En un comunicado, la ONU en Bolivia ha señalado que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) señala que la vulneración del derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas, como la continuación forzada del embarazo, son "formas de violencia por razón de género que, según las circunstancias, pueden constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante".

Asimismo, ha indicado que el Comité Contra la Tortura, en reiteradas ocasiones, ha establecido que "la prohibición de la interrupción del embarazo puede constituir tortura o maltrato porque pone a las mujeres en riesgo de mortalidad materna evitable". También la Constitución boliviana prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad, entre otros documentos citados por Naciones Unidas.

"ONU Bolivia recuerda que hay un marco normativo internacional y nacional de protección a las niñas que debe aplicarse de manera integral y oportuna para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las víctimas", ha insistido, antes de recordar que el embarazo de una niña "no sólo pone en riesgo su vida, su salud y su proyecto de vida, sino que también atenta contra su salud mental y emocional, su autonomía corporal, alentando y reforzando las desigualdades, el ciclo de la pobreza y la discriminación".

En este sentido, ONU Bolivia ha reafirmado que es "imprescindible" que, en caso de violencia sexual y embarazos, el Estado active los mecanismos de protección integral de manera oportuna, incluidos los servicios de salud, para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales y nacionales vigentes para el ejercicio de los derechos de las niñas.

"Ellas y sus familias, antes de otorgar consentimiento o tomar una decisión, deben recibir información y orientación clara, científica y oportuna, respetando su confidencialidad y privacidad, evitando presiones sociales, religiosas o de otra índole que promuevan la revictimización y atenten contra sus derechos", ha subrayado.

Así, la ONU en Bolivia ha pedido "urgentemente" intensificar los esfuerzos para la protección de los derechos de las niñas víctimas de violencia sexual y de embarazos forzados, "manifestaciones extremas de violencia por motivos de género, que se constituyen en actos de tortura", ha incidido.

Por último, ha enfatizado su compromiso de continuar trabajando por la promoción del cumplimiento de los Derechos Humanos fundamentales y la prevención de la violencia sexual y de embarazos no deseados, mucho más en niñas, a través del "fortalecimiento" de los servicios de atención y protección, la educación integral de la sexualidad y el fomento de masculinidades positivas en el sistema educativo, en las familias y comunidades.

El caso

La niña fue trasladada el martes a un centro de acogida de la Iglesia Católica, donde recibirá atención física y sicológica para continuar con el embarazo, algo que ha levantado la polémica en Bolivia, con partidarios y detractores de la decisión. 

En un principio la familia de la menor había decidido la interrupción del embarazo, pero cambió de parecer después de que la Iglesia ofreció ayuda: “Eso decidió la familia... tanto la niña como la criatura están muy bien, según la valoración médica”, dijo el miércoles la representante de la Asamblea de Derechos Humanos de Santa Cruz, María Inés Galvis.

El embarazo de 21 semanas de la menor fue detectado la semana pasada luego de una revisión médica. Los padres de la niña, que habría sido violada por su abuelastro, trabajan en La Paz y dejaban a la menor al cuidado de las tías y el abuelastro, quien está detenido preventivamente en una cárcel.

La Conferencia Episcopal Boliviana expresó en un comunicado que “no se puede obligar a nadie a realizar abortos, ni siquiera ante la gravedad de la violencia sexual, porque el aborto en Bolivia es un delito... Ambas vidas merecen y deben ser protegidas”.

No obstante, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, sostuvo que “esto es un acto flagrante de violación a los derechos de esta niña” y dijo que “desde ningún punto de vista obligar a dar a luz a una niña puede ser algo correcto”.

“Las niñas no deben ser obligadas a ser madres”, gritaba un grupo de activistas que protestaron en Santa Cruz.

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres rechazó la “intromisión” de la Iglesia.

En tanto, Rubén Costa, de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de La Paz, dijo a radio Panamericana que el aborto debe realizarse antes de las 22 semanas. “Prima más el peso del feto, si el peso es menor 500 gramos es un aborto y si pesa más ya estamos hablando de un prematuro... Y mientras más pasa el tiempo el riesgo es mayor”.

En 2020 en Bolivia se reportaron mil 308 casos de violación de infantes, niñas, niños y adolescentes y 51 infanticidios, según el Ministerio de Justicia. Sin embargo, activistas señalan que la cifra es mayor, ya que muchas familias no hacen la denuncia.

Edición: Laura Espejo