La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictaminó este martes que El Salvador violó los derechos de una mujer que murió en prisión.
Cumpliendo 30 años, la mujer fue encarcelada por violar las estrictas leyes de aborto del país, informó Reuters.
Un tribunal de El Salvador condenó a la mujer, identificada únicamente como Manuela, en 2008 por homicidio agravado después de lo que el tribunal de derechos humanos denominó una "emergencia obstétrica" que provocó la muerte de su hijo por nacer.
La Corte Interamericana declaró al Estado de El Salvador como "responsable por las violaciones a la libertad personal, las garantías judiciales, la igualdad ante la ley, el derecho a la vida, la integridad personal, la vida privada y la salud, en perjuicio de Manuela”.
El tribunal ordenó a El Salvador pagar daños a los hijos de Manuela, desarrollar y adoptar un protocolo para tales emergencias y asumir internacionalmente la responsabilidad del caso.
La CIDH tiene jurisdicción sobre 25 de los 35 Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, incluido El Salvador, que accedió a su autoridad.
Mientras cumplía su condena, Manuela fue aprobada con linfoma de Hodgkin y murió en 2010 debido a una atención médica "tardía" e "irregular", según el tribunal.
El Salvador tiene algunas de las leyes antiaborto más estrictas del mundo, informó Reuters.
Morena Herrera, activista de derechos humanos de Colectiva Feminista, catalogó a Manuela como "otra víctima de un contexto legal injusto que tiene su origen en la prohibición absoluta del aborto que afecta principalmente a mujeres, adolescentes y niñas en situación de pobreza”.
Lee:
Congreso de Colima aprueba despenalizar el aborto
Diputados chilenos rechazan despenalizar el aborto
Edición: Emilio Gómez
El personal paró labores, pero retomó actividades tras un diálogo con el coordinador del IMSS Bienestar
Astrid Sánchez
El ex presidente de la AMPI señala que las obras de administraciones anteriores deben recibir mantenimiento
Jairo Magaña
Señalan que desafío consiste en adaptarse a un esquema de fiscalización permanente
Ana Ramírez
