Cada vez hay más pruebas de que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad en Myanmar desde el golpe de Estado del año pasado, afirmaron este martes investigadores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En su informe anual, el Mecanismo de Investigación Independiente de las Naciones Unidas para Myanmar subrayó que "numerosos elementos indican que desde la toma del poder por los militares en febrero de 2021, han sido cometidos crímenes" graves.
Son "crímenes a una escala y de una forma que constituyen un ataque generalizado y sistemático contra la población civil", afirmó este organismo en un comunicado, que señala asesinatos, deportaciones, violaciones y persecuciones, entre otros delitos considerados crímenes contra la humanidad.
Este mecanismo de investigación -creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2018- busca reunir pruebas de los crímenes más graves para posibles procesos penales.
Sin un permiso de las autoridades de Myanmar para visitar el territorio, se basa en cientos de testimonios, documentos gráficos y otras fuentes.
"Los crímenes contra las mujeres y los niños se encuentran entre los más graves crímenes internacionales, pero también son históricamente poco denunciados e investigados", dijo Nicholas Koumjian, jefe del mecanismo de investigación.
"Los autores de estos crímenes deben saber que no pueden seguir actuando con impunidad. Recopilamos y preservamos las pruebas para que algún día rindan cuentas", subrayó.
Según la información de que disponen los investigadores de la ONU, "miembros de las fuerzas de seguridad y grupos armados han cometido delitos sexuales y de género, incluidas violaciones y otras formas de violencia sexual, así como delitos contra niños", que también fueron enrolados, detenidos arbitrariamente y torturados.
En enero, Koumjian estimó que más de mil personas podrían haber muerto en circunstancias calificables como crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.
En su informe, el mecanismo de investigación también recuerda a los rohinyás. Unos 850 mil miembros de esta minoría musulmana viven en campamentos improvisados en Bangladés, después de huir de una sangrienta represión militar en 2017 en Myanmar un país de mayoría budista.
Desde el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021 que derrocó a la dirigente Aung San Suu Kyi, la junta militar gobernante lleva a cabo una feroz represión contra sus opositores que ha dejado más de 2 mil 100 civiles muertos y cerca de 15 mil detenidos, según una ONG local.
El 22 de julio, la Corte Internacional de Justicia se declaró competente para juzgar acusaciones de genocidio contra Myanmar.
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