El gobierno venezolano rechazó el lunes un informe de un grupo independiente de expertos que trabaja con el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el que se acusa al presidente Nicolás Maduro de ordenar personalmente la detención de opositores y críticos del gobierno que terminaron sufriendo descargas eléctricas, asfixia y otros actos crueles durante su detención.
Héctor Constant Rosales, embajador de Venezuela en Ginebra, calificó al documento de “pseudo informe” con “oscuros intereses” contra el país sudamericano. Es la primera reacción del gobierno de Maduro al tercer informe de la misión de investigación sobre Venezuela, que reveló nuevos detalles sobre una serie de violaciones de derechos, incluidos posibles crímenes de lesa humanidad, bajo su mandato.
“Lamentamos tener que venir una vez más a este Consejo para confirmar su terrible politización, evidenciada nuevamente por la reciente intervención que acabamos de escuchar, así como por el supuesto informe que le acompaña y que rechazamos categóricamente en forma y fondo”, expresó Constant Rosales ante el Consejo reunido en Ginebra. “Es un informe de laboratorio que esta vez traspasa límites de lo indecible, incorporando acusaciones directas al presidente y otras altas autoridades de mi país”.
De hecho, el informe incorpora acusaciones contra Maduro y miembros de su círculo íntimo, incluido el vicepresidente del partido gobernante Diosdado Cabello.
Según el documento Maduro ordenó la tortura en algunos casos, pero no proporcionó detalles de casos específicos. La jefa de la misión, Marta Valiñas, reiteró esa aseveración durante una entrevista con The Associated Press la semana pasada en la que también explicó que se llegó a la conclusión con base en “testimonios diferentes pero consistentes” recibidos y corroborados.
La misión no tiene poderes judiciales pero las pruebas que ha reunido podrían algún día ser utilizadas por la Corte Penal Internacional o por cualquier país que pueda aplicar la “jurisdicción universal” para enjuiciar presuntos crímenes de lesa humanidad.
La misión se estableció en 2019 y su mandato se extendió hasta este mes. El Consejo aún no ha votado sobre la extensión del trabajo de la misión, cuyos dos informes anteriores también destacaron los pasos que habría tomado el gobierno para reprimir cualquier oposición.
El tercer informe detalló ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y otros actos llevados a cabo por representantes del gobierno venezolano desde 2014, un año después de que Maduro asumiera el cargo tras la muerte del presidente Hugo Chávez y una compleja crisis se apoderó del país.
Otro informe abordó cómo el sistema de justicia venezolano ha respondido a las violaciones de derechos humanos y otros delitos documentados por la misión.
El último documento afirma que Maduro y Cabello han dado órdenes de que se “identifique a personas que deban ser investigadas”, entre ellas civiles y detractores del gobierno. Las órdenes son cumplidas por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), que arresta a individuos tras “un periodo de vigilancia e investigación” y los tortura o somete a “tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes”. Algunos fueron torturados durante días o semanas.
El servicio de inteligencia “se sirve de una amplia gama de métodos de tortura como golpizas, choques eléctricos, asfixia con bolsas de plástico y posiciones estresantes, así como amenazas de violar o matar a los detenidos y otras formas de tortura psicológica”, según el informe. El documento dice que los principales objetivos de ese organismo son líderes opositores, estudiantes, organizadores de protestas, periodistas y personas que trabajan en organizaciones no gubernamentales.
El gobierno de Maduro no ha permitido el ingreso de la misión a Venezuela. Tampoco ha respondido más de 20 cartas enviadas por la misión.
El lunes representantes de varios países, principalmente europeos, mostraron el apoyo a la misión y su trabajo. También instaron al gobierno y a la oposición de Venezuela a reanudar formalmente las negociaciones que Maduro suspendió oficialmente hace casi un año después de que un aliado clave suyo fuera extraditado a Estados Unidos por cargos de lavado de dinero.
Mientras tanto, los aliados de Venezuela -incluidos Rusia, Irán, Cuba y Nicaragua. salieron en defensa del gobierno de Maduro.
Juan Antonio Quintanilla Román, embajador de Cuba en Ginebra, manifestó el rechazo de su país al informe. “Demandamos respeto a la autodeterminación y soberanía del pueblo venezolano, reiteramos la importancia de cesar la politización, la selectividad y los dobles raceros en el tratamiento de los derechos humanos en este Consejo”, añadió.
Edición: Ana Ordaz
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