Katia, una salvadoreña para quien la Fiscalía pedía una condena de 30 años de cárcel acusada de homicidio agravado por la muerte de su hija luego de un parto extrahospitalario, fue sobreseída del cargo por la justicia.
Un juzgado de la ciudad de Ahuachapán "declaró sobreseimiento definitivo de la acción penal en contra de Katia", señaló un comunicado difundido por la Agrupación Ciudadana Para la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (ACDATEE).
Esto quiere decir que todos los cargos en contra de la joven, señalada por abortar, fueron retirados.
En el boletín se explicó que en 2019, cuando Katia tenía 22 años, "enfrentó un parto extrahospitalario" en el baño de su casa. Luego, familiares trasladaron a la mujer y a la bebé recién nacida a un centro hospitalario en busca de atención médica.
Personal del hospital denunció a Katia ante las autoridades policiales cuando su hija falleció, indicó el comunicado, y la mujer fue detenida provisionalmente.
El 28 de octubre de 2020 en una audiencia preliminar, el Juzgado de Instrucción de Ahuachapán le otorgó "sobreseimiento provisional, debido a que la FGR (Fiscalía General de la República) no presentó ninguna prueba" en su contra, agregó el comunicado difundido por ACDATEE.
Katia fue puesta en libertad provisional, pero la Fiscalía apeló esa decisión judicial a principios de 2022 ante un tribunal superior de Ahuachapán, que el 13 de septiembre "confirmó la no reapertura a juicio".
Así, el Juzgado de Instrucción de esa ciudad "otorgó el sobreseimiento definitivo" a Katia el miércoles 19 de octubre.
"Una vez más hemos logrado enfrentar y revertir los afanes criminalizadores, que sin fundamento y pruebas que demuestren la comisión de un delito, persiguen, acusan y buscan condenar a mujeres", señaló en el comunicado Morena Herrera, del directorio de ACDATEE.
Herrera recordó que la legislación salvadoreña "es en extremo estigmatizante y crea prejuicios en contra de mujeres que sufren emergencias obstétricas".
ACDATEE ha criticado en el pasado la ley penal salvadoreña por ser "una norma draconiana", pues "penaliza en todas las circunstancias" el aborto en El Salvador.
Desde 1998, el código penal salvadoreño prohíbe el aborto en todos los supuestos y establece penas de hasta 8 años.
Sin embargo, fiscales y jueces tipifican los casos de aborto, incluso los involuntarios, como "homicidio agravado", penado hasta con 50 años de prisión.
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