Con información de Efe
El gobierno español recientemente dio luz verde a las modificaciones a la Ley de Vivienda para proteger a las personas que alquilan algún inmueble frente a los abusos en los precios de arrendamiento y a los compradores víctimas de la especulación inmobiliaria.
La Ley de Vivienda española estableció un tope de 2 por ciento en el aumento del precio de alquiler durante las renovaciones anuales de los contratos en lo que resta del 2023, mientras que para el 2024 quedó de 3 por ciento máximo y para 2025 se establecerá un índice estable.
Con esta legislación podrán evitarse los aumentos descontrolados en el precio de alquiler, que ha afectado a cientos de personas.
La Ley de Vivienda también detiene los aumentos en el costo de renta que eran justificados con las llamadas rehabilitaciones de inmuebles y que permitían a los propietarios subir los precios sin aviso previo y dejando los gastos de reparaciones a los arrendatarios.
De igual forma, se incorpora una nueva definición de “gran tenedor”, que hasta el momento eran consideradas las personas que tenían 10 propiedades o más. Con la nueva modificación, los grandes tenedores serán los propietarios de cinco inmuebles en adelante.
Con esto se pretende evitar la especulación y el acaparamiento de inmuebles, situación que no había sido controlada y que da origen a la especulación inmobiliaria.
Los desahucios, como se llama al momento en el que los propietarios desalojan a sus arrendatarios, no podrán llevarse a cabo sin avisar previamente fecha y hora. “Para acabar con la incertidumbre e indefensión de los inquilinos”, señalaron las organizaciones que impulsaron esta legislación.
Las personas más vulnerables estarán protegidas con los planes estatales de vivienda, que consideran alquileres sociales bonificados, realojamientos de personas o similares.
La protección a los inquilinos abarca también los gastos y honorarios inmobiliarios, los cuales deben correr a cargo del propietario. Es decir, las cuotas de la comunidad o tasa de basura no serán responsabilidad del arrendatario.
Ante estas modificaciones el sector inmobiliario criticó la Ley de Vivienda y aseguró que generará inestabilidad en el mercado y encarecerá los precios para los nuevos inquilinos que acceden.
Sin embargo, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, defendió que éste es un acuerdo histórico para garantizar el derecho constitucional a la vivienda.
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