El académico de 64 años Bernardo Arévalo de León, de la agrupación política progresista Semilla, fue elegido este domingo como el nuevo presidente de Guatemala tras superar en las elecciones a la ex primera dama Sandra Torres Casanova.
Escrutado el 90 por ciento de los votos, Arévalo de León suma un total de 2.2 millones de papeletas a su favor, lo que representa el 59 por ciento del total, mientras que Torres Casanova contabiliza 1.3 millones de sufragios recibidos (35 por ciento).
El Tribunal Supremo Electoral guatemalteco hará oficial en las próximas horas el resultado que permitirá a Arévalo de León ser investido el próximo 14 de enero por un período de cuatro años, en reemplazo del actual mandatario, Alejandro Giammattei.
Arévalo de León acumula una ventaja de más de 900 mil votos sobre su contrincante Torres Casanova, una distancia que a criterio de expertos es insalvable.
Un total de 3.7 millones de guatemaltecos asistieron a las urnas, lo que representa un 40 por ciento de los 9.3 millones de ciudadanos habilitados para participar en la elección.
Hasta el momento, se registran 44 mil 586 votos en blanco y 129 mil 50 nulos, de acuerdo con los datos preliminares del TSE.
Según expertos, esta es la elección más controversial de Guatemala, desde la instauración de la democracia en 1986, debido a los altos niveles de judicialización y la intervención protagonizada por la Fiscalía, encabezada por fiscales sancionados por corrupción por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Durante las últimas semanas, la Fiscalía de Guatemala acusó al partido de Arévalo de León de un supuesto caso de firmas falsas en su proceso de creación en 2018.
El pasado jueves, el fiscal a cargo del caso, Rafael Curruchiche, aseguró que podría emitir órdenes de captura y peticiones de antejuicio contra cuadros del partido Semilla.
Arévalo De León, quien actualmente es diputado, llegó al balotaje impulsado por un sólido voto urbano, con la promesa de combatir la corrupción en el país centroamericano y la intención de emular la presidencia de su padre, Juan José Arévalo Bermejo, quien gobernó el país entre 1945-1951.
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López Obrador felicita a Guatemala por triunfo de Arévalo
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, felicitó este domingo al pueblo de Guatemala por el triunfo de Bernardo Arévalo de León, de la agrupación política Movimiento Semilla, en los comicios celebrados hoy en el país centroamericano y vislumbró tiempos de "humanismo" y "justicia" para todos.
“Felicito al pueblo vecino y hermano de Guatemala por el triunfo de Bernardo Arévalo como presidente de la República”, dijo el mandatario en una publicación en su cuenta de la red social X (antes Twitter).
El gobernante mexicano dijo además estar seguro “de que llegarán nuevos tiempos de humanismo y justicia para todos y, en particular, para los herederos de la gran civilización mesoamericana”.
Clima y contexto durante las elecciones de Guatemala
El abuso del sistema legal por parte del Estado para perseguir, en algunos casos condenar a operadores de justicia y periodistas, neutralizar e incluso encarcelar a opositores políticos, actores sociales relevantes y periodistas –el llamado lawfare– se ha aplicado al pie de la letra en Guatemala desde hace al menos cuatro años.
Para las figuras que desafían a los poderes, la amenaza que les puede salir al paso en el momento menos esperado es un aviso legal de que se les “está armando un caso” en el escritorio de algún Ministerio Público por orden de algún juez de una cadena de mando que empieza en la oficina de la Fiscal General Consuelo Porras.
El “caso” puede ser una pesquisa sin base real. Los tribunales, presididos por magistrados incondicionales emiten sentencias bajo pedido. En esta coyuntura electoral tan singular en Guatemala, que tiene en el horizonte una inesperada posibilidad de un cambio de aires, este mecanismo se ha convertido en una arma política.
En la prensa, Juan Gerardo Guerrero, el abogado del partido del puntero presidencial Bernardo Arévalo, Movimiento Semilla, ha definido el momento como una guerra judicial, reconocida por el término lawfare, para referirse a los ataques legales que la agrupación política está recibiendo desde el Ministerio Público.
La embestida tiene una línea de mando clara que el diario digital No-Ficción describe en su edición de ayer. El brazo ejecutor es el togado Fredy Orellana. Este juzgador es autor de las recientes jugadas legales para descarrilar el curso de los comicios. Apenas se supo que Arévalo se había colado como segundo en el balotaje, recibió “pruebas” de ilegalidades dentro del partido y vía exprés ordenó cancelar al Movimiento Semilla. Como no se procedió en ese sentido, ordenó una investigación penal contra el registrador del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que tampoco procedió.
Guerrero señala que en la ofensiva judicial no se les ha permitido defenderse o tener acceso a los documentos de la investigación.
Han instrumentalizado el sistema de justicia para hacer creer que Movimiento Semilla es una estructura criminal, y por eso se tenía que suspender y cancelar.
Orellana ha tenido un rol protagónico en el historial de arbitrariedades. Fue quien envió a juicio a José Ramón Zamora, director de El Periódico, uno de los medios más confiables que había en el país. El periodista lleva un año en la cárcel. El diario desapareció, junto con su archivo. Ocho comunicadores que escribían ahí están exiliados por persecuciones judiciales diversas.
También fue quien sentenció a una fiscal anticorrupción de Quetzaltenango, Virginia Laparra, quien se atrevió a denunciar a un colega por corrupción. Fue Orellana quien emitió la orden de captura contra el fiscal anticorrupción que era parte del brazo judicial de la Comisión Internacional contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, hoy exiliado en Washington. Y también fue quien envió a la cárcel a Juan Francisco Solórzano Foppa, uno de los abogados de Zamora, a quien dejó en la indefensión legal.
La cadena de demandas judiciales arbitrarias llegó a tales niveles en esta elección, que provocó una fuerte reacción a escala internacional, ya que en su última fase es el propio Tribunal Supremo Electoral (TSE) el que está bajo ataque
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