El próximo sábado 1 de julio entra en vigor en Florida una ley promovida por el gobernador Ron DeSantis, candidato a las primarias republicanas de 2024, que castiga duramente la inmigración irregular en un estado con un gran dependencia de la mano de obra extranjera.
Una ley draconiana
La llamada ley SB 1718 obliga a las empresas de más de 25 empleados a usar un programa para verificar el estatus migratorio de cada uno, o deberá cumplir una pena de multas y de retirada de los permisos para operar, entre otras medidas draconianas y "antiestadunidenses", según la han tachado algunos de sus críticos.
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Otro ejemplo de la dureza de la ley es que viajar en un automóvil a través de las fronteras estatales con una persona indocumentada es considerado un delito grave de segundo grado, punible con hasta 15 años de prisión.
El castigo aumenta si el pasajero es un menor de edad, sin importar si se trata de un familiar inmediato del conductor.
La ley dificulta el acceso de los indocumentados a la atención médica, al hacer obligatorio el registro del estatus migratorio de todos los pacientes en hospitales que reciben Medicaid (el seguro de salud público) y desconoce las licencias de conducir expedidas por otros estados a personas sin estatus migratorio legal.
A los 42 años y después de 15 años trabajando en Florida para sacar adelante a su familia, el hondureño Edwin Franco, operador de equipos pesados, ha debido enfrentar el dilema de trasladarse a otro estado o afrontar el riesgo de ser deportado, como muchos otros miles de indocumentados en Florida.
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Organizaciones pro inmigrantes calculan que hay unos 400 mil indocumentados que trabajan en Florida, principalmente en sectores como agricultura, construcción y hostelería, donde significan 10 por ciento de la mano de obra.
Franco es uno de ellos.
La empresa para la que trabajaba desde hace ocho años tomó la decisión de despedirlo a él y a otros 25 trabajadores más para evitarse problemas cuando la ley esté vigente y él resolvió ya hacer las maletas y marcharse de Florida, según cuenta en una entrevista telefónica.
"Me han despedido por no tener un permiso de trabajo y más que todo por la ley que va a entrar en vigencia ahorita el día primero", señala con pesar este jueves, su último día de trabajo.
El éxodo de Florida
Según la Fundación 15 de Septiembre, 35 por ciento de los hondureños que trabajaban sin papeles en Florida se han mudado ya a otros estados, como Georgia y Carolina del Norte, entre ellos un grupo de obreros cualificados de la construcción.
Edwin Franco no tiene decidido su nuevo lugar en el mundo.
"Tocará subir a un carro y buscar otro estado donde, pues, aprecien el trabajo que nosotros hacemos. Yo soy operador de equipo pesado y la compañía en la que trabajaba era una compañía de transporte de basura a los quemaderos".
Franco se lamenta de que no tiene alivio migratorio alguno. "Para nosotros los hondureños es bastante más complicado que para otra nacionalidades", dice y menciona que los cubanos, venezolanos y nicaragüenses gozan desde enero pasado con un "parole" humanitario que permite a las familias ya asentadas en Estado Unidos reclamar a los suyos.
La posibilidad de regresar a Honduras la descarta de plano.
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"Regresar al país de nosotros no es una opción, uno por la delincuencia y otro porque no hay trabajo", dice.
Edwin señala que a sus 42 años cambiar de vida no le va a resultar tan fácil como cuando llegó a Estados Unidos.
"Uno -dice- se acostumbra al trabajo que tiene y aparte de eso ya, pues con la edad ya no es como antes, como 8 años o 10 años atrás, que me corrían (despedían) o yo me iba del trabajo por cualquier razón sin ningún problema".
Pero tiene claro que no va a encontrar en Miami una compañía que lo contrate y como mucho podría buscar trabajos puntuales para uno o dos días a la semana.
"Toca mudarse", dice hablando como para sí mismo.
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