Opinión
La Jornada Maya
21/04/2026 | Mérida, Yucatán
De no ser por un trágico accidente de tránsito ocurrido el 18 de abril, habría sido sumamente difícil enterarnos de la presencia de agentes de Estados Unidos realizando operaciones contra el crimen organizado en el país.
En el incidente fallecieron tanto dos agentes estadunidenses como dos policías de Chihuahua. De los primeros, lo que se sabe es incierto: el periódico The Washington Post ha indicado que se trataba de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), mientras que Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en el país, ha salido a decir que se trataba de empleados de la embajada. Independientemente de su procedencia, habían participado en un operativo contra el crimen organizado en el cual trabajaban con autoridades estatales.
En el ámbito de la cooperación internacional, no tendría nada de extraño la participación de agentes de otro país en operaciones semejantes. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sido enfática en señalar que en materia de combate al narcotráfico y organizaciones criminales trasnacionales, el límite es la presencia extraterritorial de elementos estadunidenses. Es decir, es posible compartir información estratégica, llevar a cabo programas de capacitación conjunta o de apoyo técnico; pero así como ningún elemento militar mexicano cruzaría la frontera norte para perseguir a un delincuente de alto impacto, se esperaría el mismo trato por parte de Estados Unidos.
También es cierto que el mundo ha cambiado desde que Donald Trump ingresó por segunda vez a la Casa Blanca. Porque si algo ha caracterizado al magnate es que puede ofrecer garantías, pero termina operando como un bravucón más; a espaldas de su interlocutor. Esto, sin embargo, debe seguir mostrándose al mundo porque va precisamente contra todos los principios de cooperación internacional y de lo que desde el siglo XIX se dio por llamar “concierto de las naciones”.
Ahora, por otra parte, llama la atención que haya sido el gobierno de Chihuahua el que haya celebrado y autorizado un operativo binacional contra el crimen organizado; algo que los gobiernos locales se encuentran impedidos de hacer desde la Constitución. El gobierno de ese estado tiene que ofrecer una explicación a todo el país. La cuestión de fondo es que hubo una acción inconstitucional, al darse la invasión a una esfera reservada al ámbito federal. Esto amerita, por lo menos, una comparecencia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, antes de proceder a sanciones.
La respuesta del Ejecutivo de Chihuahua debe enmarcarse en la institucionalidad. Haber permitido la presencia de agentes de otro país en territorio nacional y además su participación en un operativo para el cual no se tienen facultades, implica una ignorancia culpable. Lo grave es que, al ser la mandataria de esa entidad una de las pocas que tiene la oposición, en específico el Partido Acción Nacional (PAN), lo que se puede esperar es una exasperación de la politiquería. Si se quiso perseguir un fin político al llevar a cabo esas acciones, se hizo un muy flaco favor a la causa oposicionista y, al contrario, ellos mismos fortalecieron la narrativa de que son quienes en caso de conflicto traicionarían a México.
Por otro lado, queda también la sospecha de que existen más agentes estadunidenses encubiertos operando en suelo mexicano. Esto, tomando en cuenta que ya han iniciado las negociaciones del Tratado México -Estados Unidos y Canadá (T-MEC), no hace más que enrarecer lo que debiera ser una operación comercial de alto nivel de la cual debieran resultar favorecidos los tres países. Ahora, lo que se impone es un extrañamiento y la solicitud de no repetición, cuestiones que Trump tomaría como una agresión personal; más si viene de una mujer como la presidenta Sheinbaum.
Edición: Fernando Sierra
