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13/01/2026 | Washington, EI
"Si bien la Comisión ha documentado graves violaciones de derechos humanos, así como la ruptura del orden democrático y del Estado de derecho en el país con anterioridad a la operación de Estados Unidos, reafirma que todo proceso de restauración democrática debe llevarse a cabo con pleno respeto del derecho internacional", según un comunicado.
La CIDH, con sede en Washington, recuerda que en los últimos 25 años ha realizado "un monitoreo continuo y sistemático de la situación de derechos humanos" en Venezuela.
La Comisión dictaminó tras las elecciones de 2024, que "el gobierno de Nicolás Maduro carecía de legitimidad democrática".
A lo largo de los años, la crisis venezolana ha provocado "uno de los mayores flujos migratorios y de búsqueda de refugio del mundo, que afecta a más de siete millones de personas", recuerda el organismo, cuya principal tarea es documentar violaciones de derechos humanos y solicitar medidas de protección cautelares para personas en la región.
Oxford: invasión y captura de Maduro viola normas del derecho internacional
La Universidad de Oxford publicó un artículo de la profesora, Janina Dill, titular de la Cátedra Dame Louise Richardson de Seguridad Global en la Escuela de Gobierno Blavatnik, donde explica por qué el mayor problema para el derecho internacional no es la invasión de Venezuela y la captura del presidente, Nicolás Maduro, sino cómo Estados Unidos y el mundo le dieron sentido.
La “Operación Resolución Absoluta” (que según los estándares militares fue indudablemente exitosa) viola una de las normas más fundamentales del derecho internacional, la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, consagrada en el Artículo 24 de la Carta de las Naciones Unidas.
Funcionarios estadunidenses lo caracterizaron como una operación de aplicación de la ley, pero esto no cambia el hecho de que Estados Unidos inició entonces un conflicto armado internacional con Venezuela. Además, Washington no puede aplicar legalmente la ley en los territorios de otros Estados sin su consentimiento, señaló Dill
“La operación de aplicación de la ley que formó parte del uso de la fuerza es igualmente incompatible con el derecho internacional. La captura de un jefe de Estado eficaz, aunque claramente ilegítimo, añade otra violación del derecho internacional, en lugar de justificar el uso de la fuerza militar”, indicó.
“Estados Unidos no intentó obtener un mandato del Consejo de Seguridad. Tampoco se enfrentó a un ataque armado inminente o en curso por parte de Venezuela o de un actor que operaba en su territorio, lo que podría activar el derecho a la legítima defensa. Derrocar a un líder ilegítimo, liberar al pueblo venezolano de un régimen dictatorial despiadado y combatir el narcotráfico, ya sean pretextos u objetivos sinceros, no constituyen una justificación legal para el uso de la fuerza militar en el territorio de otro Estado”, señala la profesora.
La académica continuó: “Estados Unidos inició el año 2026 con una agresión militar contra una nación soberana sin ninguna justificación legal. Esto no es complejo. Podemos dejar de debatirlo. En lugar de eso, dirijamos nuestra atención a donde más se necesita: primero, el hecho de que los funcionarios estadunidenses se han abstenido en gran medida de explicar el ataque a Venezuela en términos legales y, segundo, las reacciones equívocas de la comunidad internacional a esta descarada anarquía”.
“Liberar” a los pueblos oprimidos, democratizar regímenes antiliberales, garantizar el acceso a reservas energéticas o establecer el control sobre regiones estratégicamente importantes no son justificaciones nuevas para las operaciones militares estadunidenses”, continúa el texto.
Edición: Ana Ordaz
