Miedo e inseguridad previos al Acuerdo

Edelmiro Franco/Notimex
Foto: Afp
La Jornada Maya

Bogotá
Miércoles 23 de noviembre, 2016

El fantasma de la guerra sucia y el asesinato de líderes de izquierda y activistas de derechos humanos son algunas de las amenazas previo a la firma del nuevo Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La preocupación es tal, que el presidente Juan Manuel Santos presidió esta semana una reunión de seguridad de alto nivel sobre la situación de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, que son objeto de violencia por parte de grupos de extrema derecha.

El secretariado de las FARC envió una carta abierta al jefe de Estado, en la que denunció el asesinato selectivo de 200 líderes sociales.

Entre ellos figuran dirigentes campesinos, comunales y de los movimientos de izquierda Marcha Patriótica y la Unión Patriótica (UP), grupos de extrema derecha asociados de forma directa o indirecta con las FARC.

“Hay una persecución sistemática contra líderes de nuestro movimiento. En algunas regiones del país hay señales de reactivación del paramilitarismo”, denunció Marcha Patriótica.

“Estos asesinatos se dieron en zonas altamente militarizadas y donde ya circulaban panfletos estigmatizando a los líderes sociales en el país”, explicó David Flórez, vocero nacional de Marcha Patriótica, durante un plantón el martes frente a la Fiscalía General de Colombia.

En los cuatro años desde su constitución oficial, Marcha Patriótica ha sufrido el asesinato “de 124 de sus miembros. Los últimos tres casos se presentaron el último fin de semana”, señaló.

“Se trata de Erley Monroy, Didier Losada Barreto y Rodrigo Cabrera, quienes murieron por impactos de armas de fuego de sicarios. Otros dos líderes sociales sobrevivieron a atentados en Caquetá y Nariño”, detalló Flórez.

Las amenazas de muerte del último año también son contra las víctimas del conflicto armado colombiano, y funcionarios gubernamentales que apoyan sin reserva las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC-EP, en La Habana, desde noviembre de 2012.

Uno de los grupos que han reivindicado las amenazas de muerte se autodenomina “Las Águilas Negras”, organización de extrema derecha que opera en diferentes regiones de Colombia, y como sus antecesoras son proyectos contrainsurgentes.

Pero los opositores a los diálogos de paz también están dentro de los organismos de seguridad del Estado colombiano, como lo demuestra la investigación al detenido hacker, Andrés Sepúlveda, quien hizo espionaje a los negociadores de La Habana, incluso al propio presidente Santos.

El congresista del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo (PDA), Iván Cepeda, es uno de los defensores de los derechos humanos a quien los grupos de extrema derecha amenazan cada semana.

Cepeda vivió “en carne propia” la guerra sucia hace 30 años, porque fue -en ese escenario de la búsqueda por la paz- que asesinaron a su padre, el congresista de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas.

Las últimas amenazas “no son hechos fortuitos ni casuales. Yo creo que aquí hay una tradición de ese tipo de amenazas, en un momento que está avanzando el proceso de paz”, afirmó Cepeda.

“Como ha ocurrido en otros momentos, ese tipo de acciones (amenazas), vienen de fuerzas interesadas en generar un ambiente propicio para cualquier clase de acción que pueda afectar gravemente este proceso”, opinó Cepeda, quien es el vocero de las víctimas de Estado.

A juicio de Cepeda, las actuales condiciones políticas son diferentes a la época del exterminio de la UP, estas amenazas de muerte contra quienes apoyan y promueven el Acuerdo de Paz de La Habana, no se pueden subestimar.

“Yo recibo amenazas semanalmente y no he conocido una investigación hasta ahora que llegue a entregar, por lo menos la identidad, y no digo a llevar a la cárcel o ante un tribunal, la identidad de quienes están detrás de estas amenazas”, contó el vocero de las víctimas de Estado.

La guerra sucia en Colombia es un fantasma aterrador que tiene su principal antecedente entre 1985 y 1994, una época en la que en este país se desarrollaron los primeros diálogos de paz que se frustraron con la guerrilla de las FARC y las negociaciones que finalizaron con la desmovilización de cuatro grupos insurgentes.

La Unión Patriótica, que fue creada como partido político en el marco de los acuerdos de paz entre el gobierno de Belisario Betancourt (1982-1986), y las FARC, fue la principal víctima por parte de los grupos de extrema derecha y agentes de seguridad del Estado.

Este movimiento político fue exterminado en los años posteriores a los acuerdos en el gobierno de Betancourt, una época que se conoce en Colombia como la “guerra sucia”, y en la que fueron asesinados sus candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa.

También fueron acribillados durante la “guerra sucia”, adelantada por grupos de extrema derecha con la complicidad de agentes del Estado, más de tres mil militantes de la UP, entre ellos ocho congresistas, 13 diputados, 70 concejales y 11 alcaldes.

Pero no solo cayeron militantes del Partido Comunista Colombiano (PCC), sino jefes rebeldes de los movimientos M19, Ejército Popular de Liberación Nacional (ELN), y un sinnúmero de defensores de los derechos humanos y periodistas.

Esta época también se caracterizó por el exilio de miles de colombianos que salieron de su país como la única alternativa para proteger la vida y la de sus familiares de las balas de la extrema derecha y de los agentes del Estado, que se opusieron a las negociaciones de paz con la insurgencia.

El terror y el miedo son las armas de las extremas derechas que se oponen a procesos de negociación, como es el caso de Colombia, en donde se busca poner fin al conflicto armado de 52 años, con un saldo de cerca de 300 mil muertos.