Violaciones, un problema público

Afp
Foto: Ap / Archivo
La Jornada Maya

Buenos Aires
Lunes 21 de noviembre, 2016

Argentina muestra deficiencias en la prevención y combate de la violencia de género y la asistencia a las víctimas, concluyó este lunes la relatora especial de la ONU sobre violencia contra las mujeres, Dubravka Simonovic, tras una misión al país sudamericano.

"Las mujeres que son víctimas de la violencia en el país enfrentan un problema sistémico y generalizado: la falta de implementación de las normas internacionales y nacionales, con diferencias significativas entre las provincias, lo que resulta en un nivel de protección variable de mujeres y niñas contra la violencia de género", dijo en rueda de prensa en la sede de la ONU en Buenos Aires.

Simonovic consideró que el requisito de que la víctima denuncie en vez de que la justicia actúe de oficio "envía un mensaje equivocado que nos lleva a pensar que las violaciones y la violencia sexual son un asunto privado y no público".

"Estoy preocupada porque la definición de violación no se basa en la falta de consentimiento sino que se relaciona con el uso de la fuerza, lo cual incumple con estándares internacionalmente reconocidos", alertó. En su primera visita a Argentina, que se prolongó por ocho días, la relatora se reunió con organizaciones sociales de ayuda a víctimas e impulsoras del movimiento "Ni una menos", que realizó multitudinarias marchas para poner la problemática en la agenda política y social de este país.

"Durante mi visita tomé conciencia de la gran falta de concientización de que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra la mujer", dijo al señalar que impera en Argentina una "cultura machista". También se refirió al aborto, ilegal en Argentina salvo cuando es producto de violación o causa peligro a la salud de la madre.

Dijo que existe "la negación frecuente de los médicos a realizar un aborto sobre la base de la objeción de conciencia, (lo que) resulta en un número mayor de abortos inseguros y contribuye a la alta tasa de mortalidad materna en Argentina".

"La criminalización del aborto en general, así como los obstáculos para acceder a un aborto legal, han llevado a los profesionales de la salud a denunciar a las mujeres que buscan atención en casos de interrupción del embarazo, por lo que luego dichas mujeres deben enfrentar un juicio penal", recordó.

Ese fue el caso de Belén (nombre de fantasía para resguardar su identidad, una joven de 27 años y bajos recursos que tras sufrir un aborto espontáneo fue condenada a 8 años de prisión por supuesto homicidio. Recuperó la libertad luego de una fuerte movilización social y la intervención de la Corte Suprema.

En lo que va de 2016, 178 mujeres murieron en casos de violencia de género, según la ONG Casa del Encuentro. El Registro Nacional de Feminicidios de la Corte Suprema calcula que en 2015 fue asesinada una mujer cada 36 horas en Argentina.