Xinhua, Ap y Reuters
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La Jornada Maya

Río de Janeiro
Martes 6 de septiembre, 2016

Miles de activistas de movimientos campesinos protestaron este lunes frente a la sede del Ministerio de Planificación Presupuesto y Gestión contra el proyecto de reforma al sistema de jubilaciones que prepara el gobierno de Brasil, encabezado por Michel Temer, que plantea aumentar a 65 años la edad para el retiro.

La movilización ocurrió horas después de que Temer minimizó una protesta en Sao Paulo en la que unas cien mil personas exigieron su renuncia, y en la que la policía dispersó a la multitud con gas lacrimógeno. En Río de Janeiro, decenas de miles también repudiaron el golpe de Estado parlamentario contra Dilma Rousseff, destituida de la presidencia el miércoles pasado.

Son grupos pequeños, no movimientos populares. En una población de 204 millones de brasileños, ellos no son representativos, dijo Temer al margen de la cumbre del G-20 que se desarrolla en Hangzhou, China.

En la quinta jornada consectiva de manifestaciones contra Temer, miles de personas protestaron ante el Ministerio de Planificación en esta capital. Si bien la movilización transcurrió de forma pacífica, al final hubo algunos empujones entre campesinos que pretendían ingresar al edificio y los responsables de la seguridad que lo impidieron.

La reforma traerá una pérdida de derechos para los trabajadores del campo, que pasarán a ser igualados con los trabajadores urbanos, aseguraron en una nota los movimientos que organizaron la protesta.

La administración de Temer busca modificar las leyes sobre la jubilación en Brasil, que actualmente es después de 30 años de trabajo para las mujeres y 35 para los hombres.

En el caso de los trabajadores del campo, ese requisito no existe y la jubilación puede ser solicitada a los 60 años por los hombres y a los 55 por las mujeres, pues se considera que sus labores causan más desgaste.

En tanto, la policía federal lanzó una operación para investigar un supuesto fraude en algunos fondos de pensiones de grandes empresas estatales, en una pesquisa que obligó a líderes empresariales como el presidente ejecutivo de JBS a alejarse de sus compañías. La policía dijo que dispuso siete órdenes de detención y más de 100 órdenes de registro, al tiempo que congeló activos por 2 mil 460 millones de dólares.


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