Jorge A. Pérez Alfonso
Foto: Fabrizio Léon
La Jornada Maya
Oaxaca, Oaxaca
Jueves 12 de abril, 2018
Entre 8 y 20 años de prisión podrían alcanzar los médicos traumatólogo y anestesióloga que intervinieron a un menor a finales del año anterior y que perdiera la vida durante una operación por la fractura de un codo. La tipificación del delito está catalogada como homicidio doloso con agravante de responsabilidad médica, informó el fiscal General de Justicia, Rubén Vasconcelos Méndez.
El pasado mes de noviembre el infante Edward Luna Trujillo sufrió una caída mientras jugaba, por lo que fue trasladado al hospital civil Dr. Aurelio Valdivieso de la ciudad de Oaxaca; sin embargo, al encontrarse en paro de labores los médicos –pese a que el área de urgencias supuestamente no debió suspender labores– fue llevado a la clínica privada denominada Del Valle, donde fue atendido por el traumatólogo con especialidad en Ortopedia Pediátrica, Luis Alberto Pérez Méndez, junto con la anestesióloga Gabriela Cruz López.
Los padres del menor señalaron que la operación duró una hora aproximadamente y se realizó a la medianoche, tras lo cual les informaron que su hijo se encontraba grave pero estable. No obstante fue trasladado a otra clínica “más equipada” según se informó y fue hasta las 6:40 horas del 29 de noviembre cuando se dio a conocer el deceso. Ante esta situación los padres de Edward presentaron una denuncia y este martes se vinculó a proceso a Pérez Méndez quien ya fue detenido y se encuentra en la Penitenciaría Central de Santa María Ixcotel, en tanto la anestesióloga presentó un amparo para llevar en libertad el proceso.
El fiscal explicó la tipificación es de homicidio con dolo eventual con agravante de responsabilidad médica, en tal sentido explicó “una persona comete dolo eventual cuando sabe del riesgo que corre una persona ante ciertas circunstancias y no toma las medidas debidas para evitar un mal o un daño a las personas”, en tal sentido refirió que el médico Luis Alberto Pérez Méndez tenía conocimiento de que la clínica en la que se llevó a cabo el procedimiento quirúrgico no contaba con la unidad de terapia intensiva.
Añadió que en la autopsia que se realizó al menor se localizaron dosis altas de lidocaína, sustancia que no había sido reportada por el médico y la anestesióloga, sustancia que además habría ocasionada la falla multi orgánica que provocó el deceso del menor de edad, estos elementos de prueba, se encuentran en el expediente que fue analizado por el juez para dictar la orden de aprehensión y la posterior vinculación a proceso.
Por su parte, médicos de diversas colegios ofrecieron una conferencia de prensa en apoyo al traumatólogo con especialidad en Ortopedia Pediátrica, Luis Alberto Pérez Méndez y la anestesióloga, Gabriela Cruz López, Pedro Santiago, presidente del Colegio de Traumatología a nivel estatal demandó que sea retipificado el delito por el cual ha sido detenido y vinculado, pues afirmó que ningún doctor actúa con dolo al momento de atender a algún paciente, sino que siempre se trabaja con la intensión de ayudarle a mejorar su salud, por lo que no puede considerarse que hay habido dolo por parte de los médicos.
En tal sentido, también solicitó que sea liberado para que lleve su proceso jurídico en libertad, toda vez que no es una persona peligrosa para la sociedad, además de que es urgente que regrese a su trabajo, pues dijo tiene pacientes de escasos recursos económicos a los que apoya de manera constante y quienes debido a esto no están recibiendo la atención debida.
Asimismo, acusó que la clasificación de doloso que ha dado la Fiscalía General del Estado en este caso, esta criminalizando la actividad médica, cosa que no ocurre en ninguna parte del mundo, aunque afirmó que no se esta tratando de que evada la ley, sino que es necesario que haya justicia y si hay responsabilidad deberá acatar las leyes.
Por su parte, mediante un comunicado el Consejo Médico de Ortopedia y Traumatología demandó la liberación de Pérez Méndez, rechazó los señalamientos en su contra y puntualizó “reprochamos cabalmente los hechos imputados a su persona y a la determinación de dictaminar un hecho doloso. No podemos aceptar ni entender una imputación como tal con las determinantes expuestas por el juez y mucho menos aceptar la orden de aprehensión, puesto que nuestro compañero no es un criminal”.
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