La Jornada Maya
Foto: Víctor Camacho
Ciudad de México
Viernes 16 de febrero, 2018
El colectivo Seguridad sin Guerra advirtió que luego de la interposición de controversias constitucionales contra la Ley de Seguridad Interior (LSI), por parte de diversos municipios de todo el país, “han existido presiones y acciones que parecieran ser una represalia” contra los promotores de dichas impugnaciones.
En un comunicado, la asociación formada por más de 300 grupos y personas subrayó que uno de esos casos es el del municipio de San Pedro Cholula, Puebla, donde la Secretaría de la Defensa Nacional canceló el convenio de colaboración que tenían para la vigilancia de carreteras, y negó la entrega de más de mil cartillas militares a los jóvenes del municipio.
Seguridad sin Guerra condenó estas acciones, “que pueden traducirse en afectaciones a la seguridad y derechos de las personas”, y manifestó su apoyo a las autoridades municipales que controvirtieron la LSI, una norma “que pretende perpetuar el fracasado modelo de seguridad pública e invadir competencias entre entidades, tras haber vivido el año más violento del sexenio”.
Entre los municipios que impugnaron la mencionada Ley, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentran Nezahualcóyotl, Ocuilán y Cocotitlán, en el estado de México; Oxkutzcab, Tepekan y Hoctún, en Yucatán; Ahuacatlán, Soltepec y Tepeyahualco, en Puebla; Morelia y Cherán, en Michoacán; Hidalgo del Parral, en Chihuahua, y Oxchuc, en Chiapas.
De igual forma, el colectivo manifestó su respaldo a la controversia constitucional presentada por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, “no sólo por ser el único mandatario que lo hizo, sino porque las razones expuestas en su demanda fundamentan plenamente la invasión que la Ley impone a la soberanía de los estados por las autoridades federales”.
Seguridad sin Guerra indicó que estará atenta de las impugnaciones presentadas tanto por el gobierno estatal de Chihuahua como por las autoridades municipales ya mencionadas, porque “el ejercicio del legítimo derecho que tienen para controvertir no debe ser inhibido ni castigado por nadie, mucho menos si de por medio se vulnera la seguridad y la vida de los gobernados”.
De igual forma, el colectivo reconoció “el valor y la congruencia de quienes, desde los cargos públicos que ostentan, están cumpliendo con su responsabilidad al defender el orden constitucional y el sistema federalista de gobierno.
“Es esperanzador saber que aún hay funcionarios que están dispuestos a cumplir con su deber, aún en un entorno político hostil y a pesar de las presiones que, desde distintos espacios, buscan socavar el orden constitucional en nombre de una estrategia fallida que nos tiene sumidos en una epidemia de violencia sin precedentes”.
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