Gustavo Castillo
Foto: Victor Camacho
La Jornada Maya
Ciudad de México
Miércoles 14 de febrero, 2018
Un juez dispuso hoy, a petición de la Procuraduría General de la República (PGR), restringir llamadas telefónicas y visitas a Elba Esther Gordillo sólo a personas autorizadas.
La decisión del juez Alejandro Caballero Vertiz siguió a la petición de la PGR de endurecer las condiciones de reclusión domiciliaria de la ex dirigente magisterial, por considerar que la maestra podría “desestabilizar la paz y la seguridad del Estado mexicano”.
En caso de que la defensa de la ex lideresa sindical no entregue un listado con los datos de las personas autorizadas para las visitas y llamadas en las próximas 24 horas, el juez dispuso que se le suspendan temporalmente esos beneficios.
Asimismo restringió a los visitantes la utilización o el ingreso de cualquier aparato de comunicación y de computadoras o tabletas.
La PGR solicitó al juzgado sexto de distrito que modifique las medidas cautelares concedidas como parte de la prisión domiciliaria a Gordillo.
En su argumentación, el Ministerio Púbico federal señala que Gordillo Morales “fungió como presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), posición que implicó una relevancia y trascendencia social significativa en las personas sobre las cuales ejerce autoridad moral, por lo que el uso desmedido de los medios de comunicación de comunicación que tiene a su alcance, evidentemente, podrían desestabilizar la paz y seguridad del Estado mexicano, por tanto resulta imperioso que se establezca un régimen de control de comunicaciones para dar cumplimiento de forma adecuada a la medida de seguridad concedida en su momento y evitar un descontrol que permita perder el sentido y esencia de la prisión domiciliaria”.
Asimismo, la PGR señala que no se trata de vulnerar o limitar los derechos de Gordillo Morales y que solamente se solicita llevar un control adecuado, dada su condición de procesada, “pues es de recordar que no se encuentra en libertad absoluta sino que su situación jurídica está sub judice, es decir, bajo proceso penal o delitos considerados como graves”.
En su escrito, la autoridad federal señala que el personal adscrito a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), desplegado para vigilar a la procesada Elba Esther Gordillo, no tiene la posibilidad de observar directa y permanentemente el interior del departamento confinado para la prisión preventiva domiciliaria.
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