Gustavo Castillo
La Jornada Maya
Ciudad de México
Jueves 18 de enero, 2018
Integrantes de diversas fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior, el segundo recurso que se formula ante el máximo tribunal del país y en el que se solicita que se declare inconstitucional esta legislación.
Al filo de las diez de la mañana, los diputados Marko Cortés, coordinador de la bancada del PAN; Cristina Gaytán, Julio Saldaña y Francisco Martínez Neri del PRD; Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano y Jesús Zambrano, coordinador de la fracción perredista, entregaron a la oficialía de partes de la Corte el escrito con el cual solicitan que el máximo tribunal analice la constitucionalidad de cada uno de los artículos de la Ley de Seguridad Interior.
El representante perredista señaló que no buscan que el Ejército se retire de las comunidades o municipios y que regrese de manera inmediata a los cuarteles, porque reconoció que ello sería un error ante la criminalidad.
En su conjunto, los legisladores señalaron que la Corte debe precisar los alcances de cada uno de los artículos.
En su escrito, los legisladores refieren que el artículo 8 de la Ley de Seguridad Interior considera “de manera implícita como amenazas a la seguridad interior tanto a las movilizaciones de protesta social como las que tengan un motivo político-electoral”, pues resaltan que este apartado vulnera los derechos de reunión, asociación en materia político electoral, libre expresión y libre tránsito.
También señalan que estiman inconstitucionales los artículos 9 y 31 ya que “se pretende configurar un régimen de opacidad de la información mediante acciones de inteligencia para la seguridad interior”.
El primer caso en que se promovió un recurso contra la Ley de Seguridad Interior fue presentado por el Ayuntamiento de Cholula, Puebla, como una controversia constitucional, mientras que en el caso de los diputados se interpuso una acción de inconstitucionalidad.
Los legisladores no solicitaron a la Corte la emisión de una suspensión de la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior –aunque ellos, a diferencia de las autoridades de Cholula, sí podían solicitarla-, por lo tanto la ley puede ser aplicada, pues hasta este momento no hay ningún recurso que frene su vigencia.
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