Ernesto Martínez Elorriaga
Foto: Ignacio Juárez
La Jornada Maya
Morelia, Michoacán
Lunes 16 de septiembre, 2019
A 11 años de los “granadazos” de la noche del Grito de Independencia en la capital michoacana, familias de las víctimas exigen justicia, porque a pesar de todos estos años sigue prevaleciendo la impunidad, luego de que los supuestos autores materiales del atentado salieron en libertad hace años al no haber pruebas en su contra.
Familiares de las ocho personas fallecidas y más de una veintena de lesionados se dieron la mañana de este domingo, en la Plaza Melchor Ocampo de la capital michoacana, para ofrecer una ofrenda floral y montar una guardia de honor a las víctimas de aquella noche de Grito de Independencia. Estuvieron acompañadas por el gobernador Silvano Aureoles Conejo.
Teresa García, quien sufrió una lesión por esquirla en la garganta, coincide con otras familiares de las víctimas, al señalar que padece trastornos psicológicos casi permanentes. “No se me puede borrar de la mente aquella pesadilla”, comentó, al referirse a las ocho personas fallecidas y más de 100 lesionados.
Comentaron que el gobierno del estado está construyendo 14 viviendas, y que las pensiones se han estado entregando, “pero el gobierno federal desde un principio no nos ha dado nada”, comentó Teresa García.
El 26 de septiembre de 2008, días después del atentado, la titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Maricela Morales Ibáñez, manifestó en conferencia de prensa que habían sido detenidos los responsables del acto terrorista de la noche del 15 de septiembre: los presuntos Zetas, Julio César Mondragón Mendoza, Juan Carlos Castro Galeana y Alfredo Rosas Elicea.
El 27 de mayo de 2015 fueron liberados, porque el juez consideró que habían declarado tras tortura y se había constatado la fabricación de pruebas. Desde años y meses atrás los familiares habían demostrado que fueron detenidos en distintos lugares y comprobado que no estuvieron en Morelia el día del atentado.
El 9 de septiembre de 2017, el gobierno de Michoacán envió al Congreso local una iniciativa para actualizar las pensiones que reciben los afectados y familiares de las víctimas de los llamados “granadazos”.
Salvador Díaz perdió a su esposa esa noche. Uno de sus tres hijos, de 23 años, es atendido en el hospital militar de Irapuato, Guanajuato, donde lo operarán para sacarle esquirlas.
“Yo trabajaba en rectificación de motores y mi esposa, Leticia, era maestra del Colegio Anáhuac. Salvador recibe apoyo psicológico, ya que no ha podido superar el trauma. Recibe una pensión gubernamental de 10 mil pesos al mes, pero debe pagar medicamentos y atención hospitalaria. Otros reciben seis mil pesos mensuales.
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