Opinión
Juan Carlos Pérez Castañeda
22/06/2025 | Mérida, Yucatán
El combate a los latifundios constituye la principal función de carácter punitivo y preventivo a cargo de la Procuraduría Agraria (PA). Esta emana del origen revolucionario de la reforma agraria, cuya finalidad consiste en impedir que la tierra se vuelva a concentrar en pocas manos; fuente de injusticias, pobreza y desequilibrios que incendiaron el campo mexicano a principios del siglo XX con un saldo superior al millón de muertos. Pese a ello, su cumplimiento actual ni por asomo se acerca a lo aceptable.
Si bien durante la era de la Reforma Agraria (1917-1992) los latifundios no estuvieron literalmente prohibidos en la Constitución, ello no significaba que se les permitiera dado que de su texto se derivaba, tácita pero nítidamente, su proscripción. La mendaz contra reforma consumada por el ex presidente Salinas en 1992 vendió como un logro histórico su prohibición expresa en el artículo 27 de la Carta Magna, cuando la realidad resultó todo lo contrario.
Antes de 1992, la única forma de propiedad susceptible de concentrarse era la privada, misma que se podía acaparar por dos vías: la tradicional (una sola persona aparecía como dueña de grandes extensiones) y la simulada (la tierra se acumulaba a través de prestanombres). De entonces a la fecha sólo se prohíbe la primera, de suerte que la segunda ya es legal. Lo irónico es que la contra reforma no se detuvo ahí, sino que creó nuevos modos de monopolizar la tierra, conducto por el cual se pueden acumular superficies estratosféricas de carácter ejidal, situación antes impensable. En consecuencia, hoy es dable decir que las prácticas latifundarias ya están de regreso con una tendencia al alza, más desde 2007, tanto en su vertiente privada como en la ejidal, alcanzando en algunos casos niveles de escándalo, sin que los funcionarios y políticos de la 4T ni siquiera se sonrojen.
En su expresión privada la concentración la realizan personas físicas y morales. Dentro de las primeras, la acumulación la perpetran empresarios y políticos; mientras que, dentro de las segundas, la tierra es acaparada por empresas particulares de muy diverso giro, entre las que sobresalen las inmobiliarias, las turísticas y las extractivas. Los nuevos acaparadores privados no son tontos, de manera que como los latifundios tradicionales se pueden detectar con una simple revisión registral, han optado por la vía de la simulación, a través de la cual pueden concentrar la superficie que se les antoje. Si a ello se añade la inexistencia de un centro nacional de información que facilite su identificación y control (de ahí la carencia de cifras), es posible desprender la hipótesis de que el combate a los latifundios privados es una ilusión y que su reflorecimiento es un proceso en curso.
En cuanto a su expresión ejidal, las cosas han llegado a un grado extremo. Dentro de este régimen de tenencia la acumulación también se haya desbocada, pero a diferencia de la privada, esta se encuentra claramente identificada. En el año 2021 el RAN llevó a cabo una investigación que concluyó en septiembre de 2024 denominada “Acaparamiento de Tierras de Propiedad Social en México”. Ésta documenta ampliamente la mega concentración de parcelas ejidales y solares urbanos que ha venido experimentando el país durante los últimos años, particularmente en los estados de la Península de Yucatán, en los que hay casos de individuos (con nombres y apellidos) que insólitamente son dueños de varios miles de parcelas y de solares urbanos. Lo desconcertante es que siguen acrecentando irrefrenablemente su monopolio ante la sospechosa inactividad de la PA y la inexplicable indiferencia del Congreso de la Unión ¿Qué esperan, unos para sancionarla y otros para modificar la ley?
Dicho informe da cuenta de que en ese proceso han proliferado vicios y prácticas antijurídicas y antidemocráticas (falsificación de documentos, manipulación de asambleas, soborno de servidores públicos, tráfico de influencias, etc.) sin que se atisben visos de que las cosas vayan a cambiar. De ello la Presidencia de la República no se puede decir ajena. Primero, porque se trata de un estudio elaborado por el propio gobierno federal; y, segundo, porque en La Mañanera del 05 de febrero de 2025, el reportero, Zósimo Camacho, de Diario Red pidió a la titular del Ejecutivo se pronunciara al respecto, quien prometió que en una semana la SEDATU informaría sobre el problema, informe que aún seguimos esperando.
Las cifras son contundentes, el país no sólo está presenciando la desamortización galopante de las tierras ejidales sino también en paralelo un nuevo proceso de reconcentración de la propiedad. Justamente, los dos procesos agrarios estructurales que desembocaron en el estallido de la Revolución. Tal hecho exige que se tomen medidas urgentes antes de que empiecen a manifestarse los efectos indeseados. El diseño de las políticas públicas agrarias se debe dar no sólo a partir del análisis inmediatista del problema, sino también desde la perspectiva histórica de mediano y largo plazo que lo explican. De ahí que es inaudito que, a más de 30 años de la contra reforma agraria, este mal social no haya sido debidamente combatido.
En 2019, durante la LXIV Legislatura, se intentó sin éxito regular este tema, inexplicable de un gobierno de izquierda. Fuera de ahí, nada se ha hecho al respecto. Si por una parte persisten resquicios legales sin subsanar y, por la otra, la PA carece de recursos y talento para cumplir eficazmente su función, es obvio que estamos indefensos ante un flagelo cuya dimensión sigue aumentando día con día. Ello demuestra que la PA es un desdentado tigre de papel que vive plácidamente dormido en sus laureles. La inmovilidad, en este caso, equivale a complicidad y complacencia. No se olvide que la inacción estatal que propicia el crecimiento de los azotes sociales implica ineludible responsabilidad histórica. Luego de revisar el Programa Estratégico de la Nueva Procuraduría Agraria dado a conocer hace pocos días, es evidente que para la 4T el problema agrario no existe o que, si existe, no lo entiende. “...de dónde saldrá el verdugo de estas cadenas...”
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Edición: Fernando Sierra
