Alonso Urrutia y Nestor Jiménez
Foto: Víctor Camacho
La Jornada Maya

Ciudad de México
Lunes 8 de julio, 2019

Durante la 49 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez sostuvo, ante gobernadores y el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC), Alfonso Durazo, que ante el inicio de operaciones y despliegue de la Guardia Nacional "es prioritario establecer y poner en práctica los protocolos de actuación y los mecanismos de coordinación entre Guardia Nacional".

En Palacio Nacional, durante la primera sesión del CNSP en la que el presidente se ausenta, González Pérez señaló que "la seguridad de las personas continúa enfrentando un entorno crítico en nuestro país; el primer semestre ha reflejado en lo general, una tendencia clara de crecimiento en la mayoría de los delitos considerados de alto impacto".

Dijo que a pesar de que se ha anunciado una estrategia general para combatir a la corrupción, en los hechos "delitos tales como los homicidios dolosos, feminicidios, secuestros, y extorsiones han generado incertidumbre, miedo, desesperanza y un sentimiento de indefensión entre la sociedad mexicana".

González Pérez aseveró que si bien la Guardia Nacional está llamada a ser parte de la solución de los problemas de inseguridad y violencia, poco o nada podrá hacer si no se cuentan con 33 fiscalías autónomas, eficiente, con recursos y capacidades suficientes para que los delitos se investiguen y sanciones.

Ratificó la postura de la CNDH en el sentido de que la Guardia Nacional "debe ser policial y civil, las policías de estados y municipios deben fortalecerse y el Ejército debe volver, en los plazos planteados a sus funciones que le son propias. Es necesario que la Guardia Nacional opere en un marco normativo adecuado, que de certeza a sus miembros, a la sociedad propicie el debido desarrollo de sus funciones e inhiba el que se presenten violaciones a derechos humanos".

González Pérez subrayó que las leyes reglamentarias aprobadas en opinión de la CNDH incluyen "diversas disposiciones que no satisfacen del todo estos parámetros, razón por la cual se promovieron acciones de inconstitucionalidad correspondientes, no con el objeto de obstaculizar el desarrollo de las acciones de gobierno o debilitar a las instituciones, por el contrario, si la posibilidad de que nuestro país logre la seguridad y la paz que requiere dependerá, en buena medida, de que la Guardia Nacional sea un cuerpo eficaz y exitoso".

El presidente de la CNDH fustigó que se "estigmatice y descalifique, en lo general, a todas las policías e instituciones públicas vinculadas a la seguridad, procuración e impartición de justicia, así como a sus miembros. La capacidad, honorabilidad y profesionalismo de los miles de mexicanos que han comprometido su vida en estas áreas no depende de las épocas o gobiernos en la que ingresaron al servicio público ni de sus preferencias o filias políticas o ideológicas".

Reconoció la necesidad de la depuración policiaca, pero esta debe obedecer a esquemas y mecanismos objetivos que permitan desterrar la corrupción y colisión de sus miembros con organizaciones criminales sí que ello afecte a sus miembros.


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