Alejandro Alegría
Foto: Luis Castillo
La Jornada Maya

Ciudad de México
Viernes 7 de junio, 2019

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) celebró que el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México concedió la suspensión definitiva de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que se edifica en la base militar de Santa Lucía.

Aunque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no confirmó ni desmintió la información, el organismo empresarial indicó que la suspensión definitiva concedida por el Poder Judicial de la Federación favorece a residentes del municipio mexiquense de Zumpango que promovieron una demanda de amparo en contra de la construcción de la terminal aérea que sustituirá al cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco.

Coparmex destacó que con la suspensión definitiva, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no podrá continuar con la edificación de la obra “hasta que existan las autorizaciones necesarias que aseguren que dicho proyecto no perjudicará al medio ambiente ni atentará contra la integridad del patrimonio cultural en el predio donde se pretende construir.”

Insistió en que la medida cautelar concedida por el juez federal busca proteger el medio ambiente y los bienes que sean considerados patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico ubicados en la zona.

Esta se trataría de la segunda resolución judicial que ordena la suspensión de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pues la primera fue dictada la semana pasada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. Ese juicio también fue impulsado por el colectivo “No Más Derroches”, el cual es impulsado por el organismo empresarial dirigido por Gustavo de Hoyos Walther, así como por otras organizaciones, despachos de abogados y ciudadanos que son usuarios del aeropuerto, pilotos aviadores y pobladores de Texcoco y Santa Lucía.

De acuerdo con la Confederación, la sentencia aún puede ser impugnada por las autoridades demandadas ante un Tribunal Colegiado a través de un recurso de revisión.

Bajo ese colectivo se han presentado 147 juicios de amparo individuales con el fin de que el Poder Judicial de la Federación revise la legalidad de la cancelación del NAIM, pero también asegure que el proyecto de la base militar de Santa Lucía cuente con todos los dictámenes y permisos ambientales y culturales requeridos.

Coparmex argumenta que la cancelación del NAIM ha costado cientos de miles de millones de pesos del erario público, la desaparición de 46 mil empleos directos y la pérdida de certeza jurídica y confianza de empresas nacionales e internacionales invertir en el país.


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