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Foto: Octavio Gómez
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Al fijar su postura sobre el futuro de la iniciativa de reforma educativa que se discute en la Cámara de Diputados, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sostuvo que es indispensable la abrogación de la reforma educativa de 2013 y sus evaluaciones punitivas, así como lograr la reforma a los artículos 3, 31 y 73 constitucionales, como lo ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Un día después de que el Ejecutivo anunció que de no alcanzarse un acuerdo con el magisterio en los términos en que quedaría la legislación se restituirá el marco legal vigente en 2012, el SNTE urgió a los legisladores a aprovechar la coyuntura para impulsar una nueva legislación "histórica" que garantice la protección de los derechos plenos de los trabajadores de la educación y que prevalezca el interés superior de la niñez y la juventud.

El Comité Ejecutivo Nacional del SNTE reconoció la voluntad de diálogo del gobierno federal, así como de los legisladores federales, para construir los consensos de los términos en que quedaría el marco constitiucional y legal que sustituiría la reforma de 2013. Demandaron un marco jurídico que fortalezca el sistema educativo nacional y garantice plenamente el derecho a una escuela pública incluyente, equitativa y de calidad.

La postura del SNTE también asocia los debates sobre la reforma educativa con las inminentes discusiones para modificar el marco jurídico laboral. Demandaron al Congreso que los cambios en las reglas que regulan las relaciones laborales reafirmen los principios de libertad sindical, el derecho a la sindicalización y a la negociación colectiva que se desprenden de los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo.

De igual forma, que esta reforma que se pretende aprobar asegure la elección periódica de las dirigencias sindicales a través del voto libre y secreto de los trabajadores. El SNTE destaca que todos estos componentes cuya preservación en la ley se demanda ya rigen en sus estatutos.

El gremio ofreció mantener su postura de garantizar "bajo cualquier circunstancia" la operación de los servicios educativos y reivindicaron la defensa de la escuela pública y el derecho de los trabajadores, así como el fortalecimiento del sistema educativo.


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