Eirinet Gómez
Foto tomada de www.pan.senado.gob.mx
La Jornada Maya
Xalapa, Veracruz
Lunes 27 de febrero, 2017
Fernando Yunes Márquez, senador con licencia e hijo del gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, se inscribió como precandidato del PAN a la alcaldía del puerto de Veracruz.
Su hermano Miguel Ángel Yunes Márquez es edil de Boca del Río, ciudad que junto con el puerto de Veracruz integra el polo de desarrollo económico y turístico de la entidad.
Al llegar a la sede estatal del PAN a registrarse, Fernando Yunes prometió que ganará la contienda electoral en el municipio, que en la actualidad gobierna el PRI.
La inscripción del senador con licencia como aspirante generó una pugna entre el líder nacional del partido Morena, Andrés Manuel López Obrador, y el mandatario estatal veracruzano, Yunes Márquez, padre de Fernando Yunes.
En la semana que recién concluyó, López Obrador criticó que mientras Yunes Linares es el gobernador de Veracruz, su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez se desempeña como munícipe de Boca del Río.
Ahora su otro hijo, Fernando Yunes, senador de la República, pidió licencia al cargo para ser candidato a presidente municipal del puerto de Veracruz.
El gobernador respondió a esas críticas, diciendo que López Obrador hacía esos señalamientos en su contra porque estaba preocupado por el hallazgo de una bodega usada por el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa para guardar información.
Seguramente le preocupó que hubiera información que involucre a Morena en los hechos de corrupción. Duarte le daba dinero a López Obrador, y él lo sabe. Yo no voy a permitir que este individuo (López Obrador) siga de manera impune ofendiendo y lastimando sin que tenga respuesta, expresó en un video difundido en sus redes sociales.
Jueza adscrita al penal estatal de Chalco amplió a octubre la etapa del cierre de investigación
La Jornada
Unos 3 mil productores serán beneficiados con sistemas modernos y eficientes
La Jornada Maya
Robert De Niro recibirá una Palma de Oro honorífica en el evento
Ap / Afp
Amenazó con suspender bienes y salarios a los más de 10 millones de indocumentados
La Jornada