Israel Rodríguez
Foto: Cristina Rodríguez
La Jornada Maya
Ciudad de México
Martes 3 de enero, 2017
Los precios ma?ximos vigentes desde el 1 de enero de 2017 y hasta el 3 de febrero de 2017 para las gasolinas y el die?sel, junto con la metodologi?a para su determinacio?n, no tendra?n un impacto directo en los ingresos de las entidades federativas pero si? influira?n en su gasto corriente, preve? Fitch Ratings.
La agencia considera que los ingresos de las entidades no se impactara?n directamente debido a que el IEPS, federal y estatal, sobre las gasolinas y el die?sel no fue modificado y son una cuota fija por litro.
Esta u?ltima se actualiza anualmente con la inflacio?n y es independiente del precio de venta al pu?blico. Sin embargo, el gasto corriente se afectari?a ya que uno de los rubros de este tipo de gasto, para los entes subnacionales, se relaciona con los materiales y suministros; entre ellos se incluye el gasto en combustibles.
La publicacio?n reciente tanto de la metodologi?a como los precios ma?ximos de las gasolinas y el die?sel no abonan al proceso presupuestario de los estados y municipios.
Las entidades subnacionales someten sus presupuestos a aprobacio?n ante sus congresos locales durante los u?ltimos dos meses de cada an?o.
La mayori?a de las entidades no considero? un incremento de la magnitud anunciada por la SHCP en el costo de los combustibles al momento de elaborar sus presupuestos de egresos para el ejercicio de 2017.
Por lo tanto, estara? obligada a hacer ajustes en otras partidas presupuestales para mantener en equilibrio sus finanzas. Para el caso de los estados, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios los obliga a lograr un Balance Presupuestario sostenible a partir de 2017
Jueza adscrita al penal estatal de Chalco amplió a octubre la etapa del cierre de investigación
La Jornada
Unos 3 mil productores serán beneficiados con sistemas modernos y eficientes
La Jornada Maya
Robert De Niro recibirá una Palma de Oro honorífica en el evento
Ap / Afp
Amenazó con suspender bienes y salarios a los más de 10 millones de indocumentados
La Jornada