Rosa Elvira Vargas
Foto: Yazmín Ortega Cortés/Archivo
La Jornada Maya

Ciudad de México
Sábado 20 de junio, 2020

México está llamado cada vez más a jugar el papel de país de recepción de personas refugiadas, estableció Mark Manly, representante en el país de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).

De acuerdo con el organismo, al convertirse crecientemente México en país de destino para quienes tienen que huir de sus países por motivos de violencia y persecución, se requiere una respuesta “muy distinta al fenómeno de migración de tránsito, pues se necesita de una política pública que garantice la protección de las personas refugiadas en el ejercicio de sus derechos”.

En la víspera del Día Mundial del Refugiado, la Acnur difundió cifras de desplazamiento, según las cuales en 2019 hubo en todos los países del orbe, 79.5 millones de refugiados y desplazados.

Y respecto a México se contabilizaron 28 mil 533 refugiados y 70 mil 400 solicitantes de tal condición, lo que representó un crecimiento de 138 por ciento respecto a 2018.

De este universo de más de cien mil personas, 43 por ciento procedían de Honduras, 13 por ciento de El Salvador, 12 por ciento de Cuba y 11 por ciento de Venezuela.

El mismo informe destaca también que el número de refugiados en suelo mexicano es relativamente bajo en comparación con otras naciones: apenas seis por cada mil habitantes, mientras en países como Líbano, dicha proporción llega a 133, en Jordania a 66 y en Turquía a 42.

“México está llamado a jugar un papel doble. Primero, apoyar esfuerzos multilaterales para prevenir y resolver conflictos armados, (y) empujar a los Estados a respetar los derechos humanos de las personas que viven en sus territorios”, subrayó Manly.

Además destacó que el incremento anual del número de personas desplazadas forzosamente es un indicador de las amenazas a La Paz y la seguridad globales , ante lo cual es necesario volver a la Carta de Naciones Unidas de 1945 y trabajar a través de mecanismos multilaterales para buscar solución a los conflictos y asegurar el respeto a las garantías individuales.

Edición: Emilio Gómez


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