La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el asesinato de Gladys Aranza Ramos Gurrola, ocurrido el pasado jueves, en Ortiz, Sonora.
“El asesinato de la señora Aranza Ramos nos recuerda la dura situación que enfrentan las familias de personas desaparecidas en México. No sólo padecen el dolor de la ausencia y la incertidumbre, sino que investigan y buscan a sus familiares desaparecidos, enfrentando riesgos que no deberían asumir”, señaló Guillermo Fernández-Maldonado, Representante de la ONU-DH en México.
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Añadió que las personas desaparecidas nunca debieron faltarles a sus familias, “pero tras su desaparición deben ser las instituciones del Estado las que lleven a cabo la búsqueda inmediata con el máximo de los recursos disponibles para localizar a la persona con vida. Cuando un Estado no logra cumplir con este deber, se coloca a las familias de personas desaparecidas en una situación de riesgo”.
La activista de 28 años, integrante del colectivo Guerreras Buscadoras de Sonora desde el 6 de diciembre de 2020, después de la desaparición de su esposo, fue privada de la libertad por un grupo de hombres armados, posteriormente encontrada sin vida y con signos de violencia.
La ONU-DH llamó a las autoridades a investigar el asesinato de Ramos de manera exhaustiva, que agote todas las líneas de investigación relevantes, inclusive la relación de este asesinato con su labor de búsqueda y garantizando la incorporación efectiva de la perspectiva de género en la investigación.
"Las autoridades deben también brindar atención integral a la familia de la señora Ramos, especialmente a su hija, incluyendo condiciones de seguridad. La sociedad y las instituciones mexicanas deben prestar especial atención a las severas consecuencias que la violencia tiene sobre las niñas y los niños. Niñas que, como la hija de Aranza, crecerán con la ausencia de su padre y madre, víctimas de desapariciones o asesinatos. Las autoridades deben actuar para proteger a estas niñas y niños frente a las graves consecuencias de una violencia que les ha convertido en víctimas antes de ser personas adultas”.
Durante 2021, la ONU-DH ha documentado al menos ocho casos de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos donde la letal agresión podría ser una represalia por su legítima labor. Ante ello, exhortó a las autoridades a tomar medidas efectivas y oportunas para prevenir las agresiones en contra de las personas defensoras de derechos humanos y afrontar las causas subyacentes que los sitúan en riesgo.
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