En junio pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia inédita al ordenar la búsqueda inmediata de Víctor Álvarez Damián, un joven víctima de desaparición forzada.
Casi ocho años después de la detención de su hijo, Perla Damián logró que la SCJN determinara que las acciones urgentes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la búsqueda de personas desaparecidas en México son obligatorias para todas las autoridades. La mujer estuvo respaldada por I(dh)eas, una asociación civil que trabaja en defensa de los derechos humanos.
Con ello, se reconoció la obligación de las fiscalías para asumir la búsqueda a fin de determinar la suerte o paradero del joven desaparecido, así como de investigar los hechos que originaron su desaparición y a sus posibles perpetradores.
“Las Acciones Urgentes emitidas por la ONU ahora serán de carácter obligatorio para las fiscalías, las cuales tendrán que presentar investigaciones serias, imparciales y efectivas en la búsqueda de justicia para el caso de su hijo”, explica I(dh)eas.
El caso de Víctor se suma a los miles de reportes que actualmente existen en México y que este 30 de agosto, en conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, son recordados.
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En diciembre de 2013, Víctor fue detenido por elementos de seguridad pública en la colonia Formando Hogar, del estado de Veracruz, un caso muy similar a lo que ocurrió con siete jóvenes más de la misma colonia, cuyos paraderos aún se desconocen.
El cortometraje documental Abrir la Tierra es un retrato de la lucha de Perla Damián, quien desde hace casi ocho años busca a su hijo, pero en su camino se ha unido al Colectivo Solecito y ha logrado encontrar los restos de otros jóvenes desaparecidos.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el documental será transmitido este 31 de agosto en las redes sociales de I(dh)eas.
La ONU considera a la desaparición forzada como una violación grave a los derechos humanos y la define como el acto en el que “se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley”.
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