Durante dos días, especialistas en derechos humanos escucharán a familiares de siete víctimas dentro del Tribunal Feminista contra el Feminicidio en Oaxaca, en una acción de justicia social y alterna.
El objetivo de este ejercicio es hacer frente al no acceso a la verdad histórica y a la sistemática violación a los derechos humanos que sufren las víctimas de feminicidio y sus familias por parte del sistema de procuración y administración de justicia.
El tribunal estará compuesto por cinco juezas expertas en derechos humanos reconocidas a nivel nacional e internacional, quienes escucharán los siete casos, recogerán notas, y emitirán una resolución sobre los hechos.
Esta resolución será emitida por Karla Micheel Salas Ramírez, directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social; Ana Yeli Pérez Garrido, fundadora y directora de ejecutiva de Justicia Pro Persona; María de la Luz Estrada Mendoza, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio; Norma González Benítez, jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional; y Ruth Fierro Pineda, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres.
“Las expertas deberán emitir una sanción que -aunque social- hará visible la realidad que enfrentan cada día las familias en la búsqueda de justicia para las mujeres que fueron asesinadas, la mayoría de las veces, como resultado de la desigualdad estructural que permea su vida, la muerte violenta y la búsqueda de justicia”, explicaron en un comunicado los organizadores.
Las sesiones serán el 29 y 30 de noviembre como un ejercicio de justicia alternativa frente a los altos índices de impunidad que se registran en Oaxaca ante el feminicidio, pues de acuerdo con el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, durante la administración de Alejandro Murat se han registrado 575 feminicidios y han desaparecido más de mil 400 mujeres.
El Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y Madres contra el Feminicidio y la Impunidad organizaron el tribunal para que las madres de las víctimas puedan explicar el estatus jurídico de las carpetas de investigación y los obstáculos que han enfrentado.
Las familias denunciarán ante el tribunal las malas actuaciones de la Fiscalía local, de los agentes del Ministerio Público y de los policías de investigación así como de todas las autoridades responsables de atender los casos de feminicidio.
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