Un grupo de 47 senadores mexicanos promovieron una acción de inconstitucionalidad en contra del acuerdo del Gobierno federal que vuelve de interés público y seguridad nacional todas las obras públicas y de infraestructura.
La solicitud fue firmada por senadores del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y de los integrantes del Grupo Plural y fue recibida por la Comisión de Receso, integrada por las ministras Yasmín Esquivel y Margarita Ríos Farjat.
En sus argumentos, los legisladores consideraron que el acuerdo publicado el pasado 22 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) vulnera la Constitución y atenta contra la división de poderes.
Este recurso de inconstitucionalidad se solicita después de que la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, rechazó promover esta solicitud argumentando que el acuerdo no genera ningún agravio a la Cámara Alta.
Según la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), "desde la perspectiva técnica, la presentación de una controversia constitucional es improcedente" pues "es inexistente el principio de agravio al Senado", por lo cual el acuerdo no puede ser sujeto a revisión jurídica.
A pesar del rechazo, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Inai) ya había promovido otra controversia por el mismo acuerdo, ya que, al convertir la información de obras públicas como de interés nacional, ésta se reserva.
Dicha controversia fue admitida por el ministro Juan Luis González Alcántar, quien, de manera provisional, otorgó una suspensión para no reservar la información en tanto se resuelva la constitucionalidad del acuerdo.
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