El cuerpo sin vida de un bebé fue hallado al interior del Centro Penitenciario de San Miguel, Puebla el 10 de enero, un episodio que ha causado críticas e indignación entre la opinión pública de México, pero ¿qué fue lo que sucedió?
El cadáver de un menor de apenas tres meses de vida fue encontrado dentro de las instalaciones del recinto carcelario, ubicado en la capital del estado.
¿Robado de un anfiteatro en CDMX?
Luego de que se acusara que el bebé fue sustraído desde la capital del país e ingresado de manera irregular al penal, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCdmx) inició una investigación para descartar que el menor haya sido robado de algún anfiteatro capitalino.
La dependencia de seguridad advirtió que no contaba con denuncias sobre la desaparición de cuerpos de menores en la Ciudad de México.
"La Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Coordinación de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la FGJCDMX trabaja conjuntamente con autoridades de Puebla para determinar el origen del cuerpo", abundó la fiscalía, a cargo de Ernestina Godoy.
"Luego de un rastreo interinstitucional, no se cuenta con alguna denuncia sobre la desaparición o sustracción del cuerpo de alguna persona menor de edad; sin embargo, se amplió la búsqueda para determinar si el cadáver fue sustraído de algún anfiteatro capitalino", abundó en un mensaje emitido el jueves 20 de enero.
Sin indicios de robo; CNDH se deslinda
Este viernes 21 de enero subrayó que tras explorar los anfiteatros de la capital mexicana, en hospitales, el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) y morgues a cargo de la fiscalía, no encontró denuncias o reportes sobre la desaparición o sustracción del cuerpo de personas menores de edad.
En tanto, el miércoles 19 de enero la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de carácter federal, advirtió que no ha atraído el caso argumentando que antes de intervenir es responsabilidad de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHP) hacerse cargo de la situación.
La gravedad del caso debería detonar una exigencia contra el cese de la violencia en Puebla y que articule una total transparencia en la investigación, además de abrir el caso a la CNDH, manifestó Reinserta.
"Causas como esta debería mover a todas las universidades y escuelas, a los organismos empresariales, a todas las organizaciones civiles a voltear a ver al penal de San Miguel y todas aquellas cárceles del país donde la corrupción y la violencia son ya el pan de todos los días", estimó.
Además, Reinserta reprochó al gobernador Barbosa demorar una semana en pronunciarse sobre el hecho y dar información sobre las tareas de la Fiscalía General del Estado de Puebla en torno al caso.
"Sinceramente no sabemos qué tiene que pasar en Puebla o en el país entero para que despertemos, alcemos la voz y exijamos un alto a la violencia y acceso a la justicia", apuntó el organismo de acompañamiento.
Edición: Laura Espejo
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