La sociedad se ocupó de promocionar el proceso de revocación: Morena

''Ya se acepta ser funcionario'', destaca INE
Foto: Luis Castillo

Alonso Urrutia

La presentación del informe sobre el avance en la organización del proceso de revocación de mandato y la aprobación en el Congreso de la Unión de un decreto para interpretar los alcances de la propaganda gubernamental desató un intenso debate en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) con mutuas recriminaciones.

Neoporfiristas, conservadores al servicio del viejo régimen, señaló el morenista Mario Llergo, en tanto que el consejero presidente, Lorenzo Córdova, acusaba a Morena de esparcir falacias y orquestar una estrategia con oscuros intereses, “la gente ya está harta de trampas”.

Los consejeros cerraron filas contra la representación morenista, cuestionando los cambios aprobados “al vapor” y a destiempo para modificar los términos en que pueden pronunciarse los funcionarios públicos, según cuestionó el consejero Uuc-Kib Espadas.

“No acepto que se me tache de colaborador de ninguna oligarquía”, respondió antes de cuestionar la legalidad del “disfrazado” decreto aprobado por el Congreso, que pretende violar la Constitución, ya que aun cuando se puede estar en desacuerdo en las restricciones constitucionales, están vigentes, sostuvo.

Todo ello ante el silencio de los representantes opositores, con excepción del PAN, cuyas representantes calificaron como medida desesperada de Morena el decreto aprobado ante un proceso que proyecta una baja participación.

Agria discusión en la que Morena descalificó el desempeño del INE en este proceso. El representante del Poder Legislativo, César Hernández, destacó que el decreto aprobado por el Congreso pretende frenar las “interpretaciones sesgadas” del INE para acotar la difusión del ejercicio de revocación de mandato. Tras señalar que la sociedad se apropió de la promoción del proceso, a pesar de las reticencias del instituto, pidió anticipar la difusión de la colocación de las casillas, prevista para el 28 de marzo.

 

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Llergo lanzó los más encendidos calificativos contra los consejeros, acusándolos de estar al servicio “del antiguo régimen. No son un consejo ciudadano, son auténticos neoporfiristas, modernos conservadores protegiendo sus privilegios”, desempeñándose en contra de la revocación “bajo el falso manto de la neutralidad política”.

El decreto aprobado, sostuvo Llergo, es una forma de corregir los excesos en que ha incurrido el INE, “pues es un decreto legal y legítimo (…) hemos contrapuesto el estado de derecho a la arbitrariedad e invasión de competencias. Al INE simple y sencillamente le estamos impidiendo sobrepasar sus competencias. Han caído en la pretensión de romper el orden constitucional y torcer la legalidad para minar y debilitar al gobierno más democrático y popular que ha surgido en las urnas”.

En respuesta, el consejero Ciro Murayama aseveró que mientras el país iniciaba su transformación contra el viejo régimen, Llergo formaba parte de éste y le recordó que sólo los tramposos cambian las reglas una vez iniciado el partido. “Ese decreto pretende desconocer al INE y al tribunal que una y otra vez ha confirmado las medidas cautelares que dictó”.

La consejera Carla Humprhey lamentó las descalificaciones al INE cuando el avance en la organización da cuenta que va conforme a los plazos establecidos. Recordó que si no hubo más casillas instaladas esto obedeció al recorte presupuestal, que se empata con la negativa tanto de Talleres Gráficos de la Nación como de la Comisión Federal de Electricidad a colaborar con el INE.

En su oportunidad, Córdova insistió en que la revocación de mandato “va muy bien “a pesar de las intenciones para desacreditar el proceso”, en el que se ha involucrado la ciudadanía, que ya aceptó participar como funcionarios de casilla.

Acusó al gobierno y a Morena de estar detrás de noticias falsas para intentar descalificar al INE, como esparcir versiones de que no habrá boletas. Mencionó que la difusión de la ubicación de casillas se realizará el próximo 28 de marzo, como lo marca el calendario aprobado por el INE, 13 días antes del ejercicio, cuando en los pasados comicios federales se difundió cinco días antes de la jornada electoral.

Edición: Emilio Gómez


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