Caso Ayotzinapa: Marinos manipularon pruebas en el basurero de Cocula, señala GIEI

Con información de La Jornada

Como parte de la construcción con bases falsas de la denominada "verdad histórica" sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) difundió hoy un video sobre la manipulación previa a las diligencias celebradas en el basurero de Cocula, donde supuestamente fueron incinerados los estudiantes.

El video fue entregado por la Secretaría de Marina, cuya participación no se conocía hasta ahora pero que sirvió como “muro” para las investigaciones. Ahí se aprecia que “elementos de la Marina manipulaban bultos que bajaron de dos camionetas" a las 6 horas del 27 de octubre de 2014.

“Es decir, personal de Marina y la Procuraduría General de la República acudieron al sitio seis horas antes de que llegaran al lugar familiares de los desaparecidos”, dijo Angela Buitrago, integrante del GIEI, quien destacó que esto forma parte de una cadena de simulaciones en la investigación del destino de los normalistas de Ayotzinapa, cuyo principal ejecutor es Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal.

Infiltración del Ejercito en la Normal

Según recoge el informe presentado este lunes por el GIEI, equipo dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde días antes de los hechos había una operación de inteligencia ordenada por elementos militares del batallón 27 para dar seguimiento a lo que sucedía en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, y a los jóvenes; entre normalistas se encontraba personal de inteligencia “sembrado”.

La investigadora guatemalteca Claudia Paz indicó que había reportes sobre los normalistas y su actividad incluso en el día de los hechos: había información minuto a minuto (…) porque en el grupo de los normalistas había dos militares que informaban puntualmente a las autoridades de lo que estaba sucediendo.

"El espionaje a los normalistas de Ayotzinapa fue ordenado desde el batallón 27 con sede en Iguala. Se informó que se tenía un seguimiento de las actividades con fines de insurgencia desde el 2010. Se conocía toda la información del desplazamiento de los normalistas desde antes y durante los hechos ocurridos que llevaron a la desaparición, puntualizó Francisco Cox, investigador chileno.

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De igual forma, a través del esquema denominado Guerrero Seguro se tenía conocimiento de la actividad delictiva relacionada con el trasiego y producción de heroína y producción de amapola. Se conocía que esta droga era transportada a través de los autobuses que circulaban por la región.

Sin embargo, durante la primera etapa de trabajo del GIEI, dijeron los integrantes, que entonces no se sabía al principio de Guerreros Unidos, del trasiego de drogas en la región, de la vinculación con autoridades municipales.

Paz mencionó que esta información fue posible obtenerla en esta nueva etapa dada la apertura parcial de información. Informó que la noche de la desaparición se conoció incluso que algunos estudiantes fueron entregados en barandilla.

Pruebas de torturas

Buitrago destacó que como parte de la nueva documentación obtenida a partir de 2019 se tiene claro que hubo actas de diligencias falsas y un conjunto de elementos para simular una investigación y fabricar la denominada “verdad histórica”. Entre los hechos de mayor simulación están los conseguidos mediante tortura; se detectaron reportes policíacos falsos; se modificó el numero de las patrullas; se cambiaron los lugares donde fueron detenidas algunas personas, entre otras irregularidades.

Al abundar en torno a las torturas, el GIEI señala que existen fuertes evidencias de que 17 de los detenidos fueron torturados; lo anterior fue contrastado con consideraciones de dos equipos profesionales internacionales de alto nivel en la investigación.

“La tortura supuso la imposibilidad de conocer realmente qué podría ser cierto o no, un ataque a la consistencia y legitimidad de la investigación, así como la pérdida incluso de posibles pruebas con base a la decisión del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito. La tortura no sólo operó como un factor de distorsión de la verdad y luego la impunidad en el caso, sino que supuso un obstáculo para la fase posterior de la investigación.

Al censurar la construcción de la verdad histórica, señala que el 26 y 27 de octubre hubo seis aprehensiones y los detenidos revelan que los restos de los estudiantes fueron esparcidos en el río San Juan. “En todas estas actuaciones hubo participación de personal de la secretaría de Marina, ministerios públicos, personal de la Procuraduría General de la República y en una de ellas de la Secretaría de la Defensa Nacional. Todas estas detenciones ocurrieron sin que aún existiera información en el expediente sobre el río San Juan o el basurero de Cocula y sin que hubieran librado orden de aprehensión, que fue la supuesta base jurídica para privarlos de la libertad, por lo que al momento se desconoce cómo se identificaron estos sujetos y como se estableció el vínculo en el caso.

Sin información sobre los 43

Investigadores del GIEI afirmaron no tener información que indique que los 43 estudiantes de Ayotzinapa estén con vida.

“Lamentablemente hasta ahora no hemos tenido ninguna noticia que nos dé indicaciones de vida de los estudiantes, sino sólo datos sobre fosas donde podría haber personas sin vida”, indicó el experto chileno Cox.

Debido, principalmente, “a la destrucción de evidencia, los obstáculos y la construcción de la mentira desde las más altas esferas” no es posible dar a conocer avances del paradero de los estudiantes desaparecidos, lamentó el investigador.

El GIEI solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que libere la información al respecto al caso pero han encontrado barreras, señaló.

La "verdad histórica"

Según la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), los 43 estudiantes de la escuela para maestros rurales de Ayotzinapa fueron detenidos el 26 de septiembre de 2014 por policías en Iguala (Guerrero) y entregados al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en un río San Juan.

Esta versión siempre fue cuestionada por los familiares de las víctimas y por el GIEI, que en los dos anteriores informes -presentados en 2015 y 2016- ya señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en el basurero.

En 2018, ya bajo la actual administración federal, el caso fue reabierto y con ello desechada la versión oficial del Gobierno de Enrique Peña Nieto tras la identificación de los restos no calcinados de dos de los estudiantes, Christian Rodríguez en 2020 y de Jhosivani Guerrero en junio pasado, ambos en la barranca de la Carnicería, fuera del basurero.

Estas dos identificaciones se sumaron a la de Alexander Mora, cuyos restos fueron hallados en el río en 2014.

En ese sentido, la investigadora colombiana Ángela Buitrago dijo que es “claro, lamentable y verificado que ya algunos de los estudiantes han aparecido sin vida” y aseguró que los padres y madres de los desaparecidos han pedido que les digan la verdad “por cruda que sea”

Refirió además la implicación del crimen organizado en el caso, pues afirmó que hay 22 personas que pudieron haber tenido información relacionada y que hoy están muertas.

Algunos, dijo Buitrago, eran parte de la delincuencia organizada, otros eran testigos y posibles implicados en las desapariciones de los estudiantes.

Edición: Mirna Abreu