Georgina Saldierna y Enrique Méndez
El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para que la Secretaría de la Función Pública centralice la política general de contrataciones públicas y participe en negociaciones internacionales relacionadas con compras del sector público.
La iniciativa, recibida esta tarde en la Cámara de Diputados, y turnada a la comisión de Gobernación prevé que la dependencia concentre la coordinación y conducción de las unidades de administración y finanzas y asuma la facultad, actualmente ejercida por la Secretaría de Hacienda, de nombrar, remover, coordinar y conducir a los titulares de dichas unidades.
Tal medida aplicaría para todas las dependencias, con excepción de las secretarías de la Defensa, Marina, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.
Entre los objetivos de la reforma, se prevé un rediseño de organización y funcionamiento de los órganos internos de control, que serán agrupados por sector, materia, especialización o por ente público.
Al respecto, la iniciativa señala que, si bien se prevé que los entes públicos deben contar con órganos internos de control, “se ha interpretado que cada ente debe tener uno, cuando la ley vigente permitiría que varios entes tengan un mismo órgano interno de control”.
En la exposición de motivos, el mandatario resalta que la iniciativa busca reforzar los cambios de su gobierno en contra de la corrupción y para que prevalezca el interés general en el manejo y aplicación de los recursos públicos y su eficiente fiscalización.
Citó que el 30 de noviembre de 2018 –en el fin del sexenio pasado- entró en vigor una reforma a la misma ley, que permitió transitar al cambio de administración actual, con la cual se dotó a Hacienda de la facultad de designar y remover a los titulares de las unidades de administración y finanzas, así como la planeación y conducción de la política en materia de contrataciones públicas y de compras consolidadas.
No obstante, precisó que, transcurridos tres años de su gobierno, se han revisado tales competencias y ha considerado necesario actualizar la ley para facilitar el cumplimiento de las obligaciones administrativas de manera expedita.
Además, plantea reproducir la estructura de unidades de administración y finanzas –que sustituyó a las oficialías mayores- se reproduzca en el sector paraestatal.
“La reforma respeta la autonomía del sector paraestatal; sin embargo, resulta imperante su coordinación bajo la óptica de conducción austera en la esfera administrativa y el ejercicio del gasto con eficiencia y eficacia”, indica.
De esta manera, se busca homologar la operación administrativa de las paraestatales, con objeto de que éstas atiendan la política de austeridad republicana y el uso racional de los recursos públicos.
Edición: Estefanía Cardeña
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