Eduardo Murillo y César Arellano
El ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa (2010-2016) no puede apelar de la sentencia de nueve años que se le dictó, puntualizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al desechar el amparo con el que también buscaba recuperar parte de las propiedades que se le confiscaron.
Por mayoría de cuatro votos, los ministros de la Primera Sala señalaron que no es posible revisar la sentencia que se dictó contra el ex mandatario priísta, quien en un proceso abreviado aceptó declararse culpable por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
La sentencia también incluyó la confiscación de 41 inmuebles de su propiedad, que serían subastados para resarcir los daños causados al erario. Fue la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la que solicitó a la SCJN atraer este caso, pues no había antecedentes sobre el tema debido a que la opción de juicios abreviados entró en vigor junto con el sistema penal acusatorio, y el proceso del ex gobernador fue uno de los primeros en que se aplicó esta medida.
Duarte de Ochoa promovió un recurso de reclamación contra esta atracción; sin embargo, en junio del año pasado el máximo tribunal lo declaró infundado.
Los integrantes de la Primera Sala recordaron que el ex gobernador aceptó un proceso abreviado, lo que implica que reconoció su culpabilidad y la pena que se le impuso.
El proyecto aprobado, de la ministra Margarita Ríos Farjat, apuntó que este beneficio no era posible de acuerdo con las reglas del sistema penal acusatorio.
Entre los inmuebles que buscaba recuperar Duarte hay 20 casas y departamentos a nombre de él y de su familia en Veracruz, Ciudad de México, estado de México y Guerrero, así como 21 terrenos ejidales adquiridos mediante operaciones fraudulentas en Campeche.
En tanto, Carlos Aguirre Morales, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas durante el gobierno de Veracruz durante la gestión de Duarte, sumó su décima sentencia por responsabilidad resarcitoria.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) resolvió un juicio contencioso más en contra del ex funcionario, en el cual confirmó la resolución de la Auditoría Superior de la Federación, que le impuso un pago de mil 472 millones de pesos, por lo que su responsabilidad total suma 6 mil 760 millones de pesos.
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