Eduardo Murillo
La violencia en nuestro país tuvo un impacto económico de 4.9 billones de pesos el año pasado, lo que equivale al 21 por ciento del PIB, según estimaciones del Instituto para la Economía y la Paz, organización internacional con sede en Australia.
Carlos Juárez, director en México de este instituto, detalló que esta cantidad se calcula con base en los presupuestos públicos destinados para combatir la delincuencia, pero también en el gasto que cada persona tiene que hacer para tomar medidas de seguridad, y que asciende a 38 mil 196 pesos por cada mexicano.
Al presentar la novena edición del Índice de Paz México 2021, la organización señaló que si bien se han mejorado algunos aspectos, como la disminución del 4 por ciento en la tasa de homicidios, otros delitos han aumentado, como la agresión sexual, en un 22 por ciento, y la violencia familiar, en 14 por ciento.
Afirmó que la delincuencia organizada continúa siendo el principal generador de violencia en el país, lo que ha ocasionado que el homicidio con arma de fuero sea ya la principal causa de muerte entre las personas de 15 a 35 años de edad.
El estudio señala que no ha habido un cambio esencial en la estrategia para combatir la violencia, pues mientras el gasto militar creció un 15 por ciento, el de seguridad pública bajó en 9 por ciento, en 2021.
Entre los estados del país con menos violencia destaca Yucatán, Tlaxcala, Chiapas, Campeche e Hidalgo; mientras que Sonora, Guanajuato, Colima, Zacatecas y Baja California son quienes más delitos violentos registran.
Sobre las medidas a tomar para combatir la raíz del problema, Sandra Ley, académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas, señaló: “la priorización del gasto social es fundamental para la atención y demanda puntual que tienen las víctimas de la violencia, que enfrentan nuevos retos en su día a día para la cobertura de necesidades fundamentales tras de una experiencia de victimización. Desde la pérdida y redirección de su ingreso principal, hasta afecciones de salud. Y en ese sentido el desarrollo de una verdadera política social redistributiva sería esencial”.
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Edición Astrid Sánchez
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