Al confirmar que a las 13:30 horas recibirá en sus oficinas de Palacio Nacional al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, si bien no hay una agenda prestablecida, se podrían abordar temas importantes en la relación bilateral. A pregunta expresa, reconoció que podrían tratarse cuestiones energéticas, aunque está definida como una plática.
Anunció que ya no dará una respuesta pública a la solicitud de consultas sobre el tratado comercial México Estados Unidos y Canadá (Tmec) el próximo 16 de septiembre -como lo dijo en el contexto de la petición, hace un mes- en virtud de que, con la carta que le envió el presidente Joe Biden se modificó radicalmente la forma, muy diferente "al modo, al tonito" .
—¿Ya no hablará por la carta que le envió Biden?
—Tiene que ver con la respuesta de Biden. Es que hay un tono distinto, una actitud de respeto, es la reafirmación del respeto a nuestra soberanía del presidente Biden. Lo que sucedió con la consulta, el tono, el “modito”, pues no fue el más diplomático ni lo que merecemos. Entonces se entendió de que no es por ahí de que tenemos que hacer un esfuerzo para mantener buenas relaciones y hay disposición de Biden.
Explicó que en su gobierno también estiman la actitud respetuosa del presidente Biden y por eso no tiene caso seguir alentando diferencias y “mejor que se sigan frotando las manos los adversarios. Que dicho sea de paso, no son solo del extranjero. Son de aquí”.
“No me puedo pelear porque está de por medio el interés del pueblo. Es muy irresponsable que un grupo hable en nombre de todo el pueblo en función de sus ideologías, intereses económicos, comerciales.”
Al señalar que después del accidente en la mina El Pinabete, en Sabinas, Coahuila, ha habido sanciones a la empresa involucrada, el presidente López Obrador señaló que la indemnización que asume el gobierno a los familiares de los 10 mineros que se mantienen atrapados obedece a la voluntad de administración "para ayudar al desposeído, al necesitado y al mismo tiempo sancionar a los responsables".
Denunció que en el pasado los magnates tenían tomada la Secretaría del Trabajo, "yo no estoy aquí por las grandes mineras, sino por el pueblo".
Durante su conferencia , dijo que era ´"gravísimo" que en el pasado todo el gobierno estaba tomado y la Secretaría del Trabajo por las grandes empresas mineras, no era una democracia, "en sentido estricto era una oligarquía. La Secretaría del Trabajo era manejada por los magnates y no se garantizaba la equidad y los trabajadores siempre llevaban la de perder. Por eso es que la gente votó en el 2018 para un cambio. Si regresan los que estaban, toco madera; si regresan el gobierno va a ser de otra forma".
López Obrador dijo que en su caso corresponderá a la Fiscalía a General de la República sancionar a quienes hayan sido responsables de eventuales delitos en el accidente de la mina El Pinabete. "El que cometa un delito tiene que hacerse responsable más cuando hay pérdidas de vidas humanas".
Justificó la incorporación de la Comisión Federal de Electricidad en los trabajos de rescate porque tienen técnicos muy capacitados, los cuales ya están en el proyecto de rescatar a los restos de los mineros en Pasta de Conchos, colapsada en 2006. Precisó que en ese caso se tiene previsto poder extraer los cuerpos el próximo año porque es necesario realizar túneles y diseñar estrategias de seguridad porque hay gases, por lo que se debe evitar una explosión o que se colapsen los túneles.
Al censurar a los adversarios que cuestionan que en el proyecto del presupuesto de egresos de 2023 se tiene contemplado la erogación de un billón de pesos, el presidente López Obrador sostuvo que una parte muy importante es para pagar los intereses derivados del Fobaproa. "Ahora resulta que ya se les olvidó ese compromiso".
Dijo que después de la presentación del presupuesto se desató mucha desinformación para cuestionar el pago por el servicio de la deuda. Afirmó que en la actualidad el adeudo asciende a 13 billones de pesos, como consecuencia del incremento paulatino del endeudamiento en los últimos gobiernos.
Mencionó que en la administración de Vicente Fox, en el cuarto año la deuda era de 2.69 billones de pesos, un incremento de 31.2 por ciento con respecto a cómo recibió el endeudamiento; con Felipe Calderón en ese mismo cuarto año era de 4.49 billones de pesos, 43.2 por ciento más que al inicio de su gobierno; con Enrique Peña Nieto eran 8.85 millones de pesos, 50 por ciento mayor con respecto a la deuda con que recibió el gobierno.
Mencionó que en este gobierno, el incremento de la deuda con respecto a cómo se recibió es de 26 por ciento.
En cualquier caso, dijo que ya se entregó el paquete para el presupuesto de 2023 y se garantiza que no falten los recursos y no van a aumentar impuestos, ni gasolinas, ni diésel, ni la luz. Y se va a incrementar presupuesto para inversión y programas del Bienestar".
López Obrador se dijo en favor de la propuesta de los diputados del PRI para ampliar la presencia de las fuerzas armadas para colaborar en las labores de seguridad pública en el país.
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Criticó la “hipocresía” de algunos sectores de la oposición que en administraciones pasadas permitieron las violaciones a los derechos humanos, al igual que la “alcahuetería” de las agencias en la materia tanto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como de la Organización de Estados Americanos (OEA) “que en su momento guardaron silencio” e inclusive, por ejemplo, no han hecho nada en favor de la libertad de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, reclamado por Estados Unidos para ser juzgado por delitos de espionaje.
Pidió a los gobernadores pronunciarse si la presencia de la Guardia Nacional, del Ejército y la Marina les ha ayudado o no para contrarrestar la inseguridad en sus estados.
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Interrogado en la mañanera de este lunes sobre la propuesta de reforma constitucional presentada por la bancada del PRI en la Cámara de Diputados para ampliar hasta 2028 la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública –que cuyo plazo está previsto en la carta magna hasta 2024—, el mandatario federal se dijo en favor e inclusive dijo que en caso que esto se apruebe, un año antes, en 2027, se haga una consulta ciudadana para determinar si se da un nuevo plazo o no.
El 15 y el 16 de septiembre, en la celebración del Grito de Independencia y el desfile militar, acompañarán al presidente López Obrador luchadores sociales que han destacado a escala internacional por su labor en favor de los derechos humanos.
En la mañanera de este lunes, el mandatario federal indicó que de las 11 invitaciones que hizo a diversas personalidades para que asistan a los festejos patrios, seis respondieron positivamente.
Así, estarán tanto el 15 por la noche, para conmemorar el Grito de Dolores que hace 212 años lanzó el padre de la patria, Miguel Hidalgo, como al siguiente día en la mañana para el desfile militar, los ex presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Uruguay, José Mujica; el padre y medio hermano de Julian Assange –fundador de WikiLeaks—, John y Gabriel Shipton; la doctora Aleida Guevara March, hija del comandante Ernesto Che Guevara.
También los hijos del luchador social y líder por los derechos de trabajadores agrícolas y migrantes en Estados Unidos, César Chávez: Sylvia, Elizabeth, Eloise, Paul y Anthony; al igual que la familia de Martin Luther King, dirigente social por los derechos civiles, entre ellos su hijo Martin Luther King III.
López Obrador detalló que no habrá cena oficial la noche del 15, sólo lo acompañarán al acto del Grito, después tendrá un breve encuentro con estas personalidades y se retirarán para participar al siguiente día muy temprano en el desfile.
Aún es tiempo de realizar un reforma integral al sistema de justicia, pero corresponde al poder Judicial encabezar ese esfuerzo, aseveró López Obrador.
Remarcó que tomó la decisión de ser respetuoso con la división de poderes y no presentó dicha reforma al inicio de su gobierno, por el contrario, dijo, le correspondió enviar una ley de amnistía —para liberar a quienes están presos por inconsistencias o son inocentes— que ya fue aprobada pero que no ha funcionado “como quisiéramos porque hay muchos obstáculos”.
Esta mañana se le preguntó si analizaría presentar una reforma al poder judicial, sobre todo tras el debate de la prisión preventiva oficiosa que la Suprema Corte acaba de tener la semana pasada pero que no se definió de fondo y sólo se aplazó hasta que los ministros ponentes presenten nuevos proyectos de resolución, a lo que el mandatario descartó hacerlo y dijo que correspondería a ese poder.
“Tenía la disyuntiva, porque la política es, entre otras cosas, optar entre inconvenientes, si llevaba yo a cabo la reforma iba a haber las mismas voces de los conservadores de que pretendía yo someter al poder Judicial. No lo hicieron cuando (Ernesto) Zedillo (lo reformó) porque estaban bien apergollados o eran socios, pero con nosotros iban a poner el grito en el cielo, entonces dije: no. Además es un asunto complicado porque lo dejaron crecer durante mucho tiempo, desde mi punto de vista, con honrosas excepciones, el poder Judicial era una forma de pagar favores para partidos políticos y mantener el régimen de corrupción y de privilegios.”
Así, continuó, como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nombraron a “recomendados de partidos y el gobierno estaba convertido en facilitador de la corrupción, era un facilitador de las transferencias, el traslado de los bienes nacionales a particulares, esa era su encomienda principal. Reformaron la Constitución para legalizar ese saqueo, de convertir lo público en privado, en beneficio de una minoría, había que dar concesiones para obtener votos, para ir juntos como en el caso del Fobaproa, había que maicear, y siento que el poder Judicial lo utilizaron para eso, para compensar a partidos”.
El jefe del Ejecutivo federal acotó que no se trata de generalizar, pues consideró que hay algunos jueces, magistrados y ministros rectos y honestos.
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