Georgina Saldierna y Enrique Méndez
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados confirmó que votará el martes el dictamen de la iniciativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que amplía a 2028 la participación de militares y marinos en la Guardia Nacional. El proyecto será enviado de inmediato al pleno, para que se discuta en la sesión prevista para el miércoles 14.
Esta tarde, la comisión emitió el citatorio a los diputados que integran esa instancia legislativa, a la reunión que se realizará a las 9 de la mañana en el mezzanine sur de la cámara.
El proyecto circulado ya a los legisladores prevé aprobar la propuesta del tricolor.
Argumenta que, pese a sus avances, la Guardia Nacional no ha logrado consolidarse en su estructura, capacidades e implantación territorial de manera completa, por lo que es evidente que se requiere de mayor tiempo para ello.
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Dado lo anterior y que se habían otorgado al presidente de la República facultades para disponer de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta 2024, es claro que dichas atribuciones deben ampliarse, como se propone en la iniciativa de 5 a 9 años, a efecto de que alcance hasta el año 2028. Este tiempo se considera suficiente para lograr la consolidación de la Guardia Nacional, apunta.
El proyecto de dictamen explica que, como un punto de referencia para calcular los nueve años propuestos, debe servir el caso análogo de ocho años que la Constitución otorgó para la implementación de la reforma del nuevo sistema de enjuiciamiento penal de corte acusatorio oral, que incluso “hoy día a 14 años, no se ha consolidado”.
Agrega que son similares ambos casos en lo que hace a la participación necesaria de los diversos órdenes de gobierno, la realización de actividades de planeación, la creación de normativa jurídica-administrativa, y la implementación de infraestructura física, entre otras actividades.
El proyecto de dictamen destaca que la extensión del plazo es una medida idónea, porque persigue lograr el fin de la seguridad pública, y necesaria, porque no existe una alternativa que sea jurídica y fácticamente mejor.
Estima que erróneamente se ha criticado la intervención de las fuerzas armadas en seguridad pública, al resaltar que las violaciones de derechos humanos de 2019 a la fecha atribuibles justamente a los cuerpos castrenses, han disminuido de manera ostensible frente a lo que ocurría antes de la institucionalización de la Guardia Nacional.
De 2007 a 2012, las quejas por violaciones a derechos humanos presentadas contra la Secretaría de la Defensa Nacional se incrementaron en un 309.53 por ciento en promedio anual, mientras que contra la Marina aumentaron mil 248 por ciento.
En el sexenio de 2012 a 2018, las denuncias contra la primera dependencia disminuyeron 52.89 por ciento y contra la segunda 30.74 por ciento, respecto al periodo anterior. De 2019 a 2021, las acusaciones contra la Defensa se redujeron en 9.54 por ciento y contra la Marina decrecieron en 43.3 por ciento.
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