Dora Villanueva
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció a Jesús Murillo Karam, ex procurador General de la República, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias y defraudación fiscal, vinculadas a un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, debido a que una empresa familiar (en la que destacan como socios su sobrino, yerno e hijos) resultó beneficiada con contratos del gobierno federal cuando él ocupaba su cargo.
La denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) se debe a que, derivado de las filtraciones de los Pandora Papers, en los que destacaba el ex procurador, se identificó que en 2017 la Murillo Karam recibió 2.8 millones de dólares por retornos de inversión provenientes del extranjero y entre 2020 a 2021 colocó fuera del país 26.5 millones de pesos en cuentas propias, sin declararlo al fisco.
Sumado a ello, la unidad detalló que entre 2013 a 2015, la empresa familiar vinculada al ex procurador obtuvo licitaciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ahora Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), y en ese mismo lapso Murillo Karam tenía como secretario al hijo del entonces titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza.
Una vez desglosados estos vínculos, la UIF, que depende de Hacienda, presume que “posiblemente se trató de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde a través de influencias se benefició con contratos a la empresa familiar”.
Agregó que la empresa familiar “presentó diversas irregularidades en su forma de constitución, ya que los domicilios manifestados no son acordes con las actividades que indicó realizar. De igual forma, fiscalmente declaró deducciones similares a sus ingresos acumulables lo que hace inviable el sostenimiento económico de la misma, al tener ganancias mínimas, situación que contrasta con el volumen de contratación pública que recibió y las operaciones financieras frente a lo declarado fiscalmente”.
A la par, la UIF identificó que la empresa envió y recibió recursos con empresas simuladoras de operaciones, “lo que podría dar lugar a una posible defraudación fiscal”.
La unidad a cargo de Pablo Gómez detalló que llegó a estos hallazgos una vez que realizó un análisis de riesgos respecto de las personas mexicanas expuestas políticamente (PEP) mencionadas en la investigación de los Pandora Papers, entre los que destaca el ex procurador.
Justificó que, de acuerdo con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en materia de prevención de lavado de dinero, el uso de empresas off shore, fideicomisos e instrumentos financieros en jurisdicciones extranjeras denominadas paraísos fiscales, constituyen situaciones de alerta que no se podían ignorar.
Murillo Karam está preso desde agosto y es señalado por fabricar la "verdad histórica" en el caso Ayotzinapa.
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Edición: Estefanía Cardeña
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