Laura Gómez
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México informó que en el país tres de cada 10 mujeres son víctimas de violencia obstétrica, la cual es una forma de violencia de género normalizada y muy invisibilizada.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del 2021, durante ese año, 31.4 por ciento de las mujeres entre 15 y 49 años que tuvieron un parto o cesárea fueron víctimas de dicha violencia.
Dicha situación se presentó en tratamientos médicos no autorizados en 23.7 por ciento de las cesáreas y en casi 17 por ciento de los partos, de acuerdo con la encuesta elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
La sentencia por el caso Britez Arce y otros vs. Argentina emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce por primera vez la violencia obstétrica como una forma de violencia basada en el género, es relevante para nuestro país.
Ello, debido a que tal derecho había sido reconocida en determinaciones no jurisdiccionales como la Recomendación 05/2019 sobre las “violaciones al derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia obstétrica” emitida por esta CDHCM.
La fijación del estándar jurisprudencial regional reconoce que la violencia obstétrica sucede en el contexto de la atención en la salud de las mujeres y personas gestantes durante el embarazo, parto y puerperio.
Consiste, agregó, en tratos deshumanizados, irrespetuosos, abusivos, negligentes, denegación de tratamientos o de información completa sobre el estado de salud y las alternativas que existen para atenderla.
Así como intervenciones médicas forzadas o coaccionadas y en la tendencia a patologizar los procesos reproductivos naturales.
Por ello, dijo, reconocer lo anterior, como la CDHCM lo refirió en el Amicus Curiae presentado en 2021 ante dicha Corte con motivo del Caso Manuela y otros vs. El Salvador, fija un estándar que debe de ser incorporado al sistema jurídico mexicano.
Además ser respetado y garantizado sobre todo por profesionales de la salud públicos y privados, lo cual contribuirá a desmantelar las estructuras institucionales y culturales que han violentado históricamente a mujeres y personas gestantes en ejercicio de sus derechos reproductivos.
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