Congreso de NL vs. Samuel García, ¿por qué se le juzgará al gobernador?

Raúl Robledo

El Congreso de Nuevo León aprobó ayer, por mayoría, instruir a la Auditoría Superior del Estado (ASE) que en la revisión ordinaria de la cuenta pública de 2022 y 2023 “ponga especial atención” en el gasto realizado en las líneas 4, 5 y 6 del Metro, comunicación social, los viajes del gobernador Samuel García Sepúlveda y la compra de un avión para el bombardeo de nubes durante la crisis hídrica que padeció la entidad. Esto días después de que la misma cámara legislativa aprobara el juicio político contra el mandatario.

En el punto de acuerdo presentado por Carlos de la Fuente, líder de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), se solicita también, por conducto de la Comisión de Vigilancia, analizar el uso de los recursos para el arrendamiento de pipas, así como a las obras de las carreteras Gloria-Colombia e Interserrana.

Durante el debate, se aceptó la petición de la diputada local independiente Jessica Martínez sobre incluir en esa revisión detallada la inversión que hizo el organismo Agua y Drenaje de Monterrey en la distribución de calendarios 2023, donde, dijo, se habría hecho promoción personalizada del mandatario emanado del partido Movimiento Ciudadano (MC) y de su esposa, Mariana Rodríguez, quienes aparecen en la fotografía correspondiente a marzo.

También por mayoría, el Congreso avaló en primera vuelta reformas a la Constitución local con las que el Instituto de Defensoría Pública del Estado se convertirá en un órgano autónomo, cuyo titular será designado cada seis años por el poder Legislativo, sin intervención del Ejecutivo.

Tras recibir críticas por sus viajes, García Sepúlveda reprochó las “grillas” y advirtió que seguirá visitando otros países en los cinco años que restan a su sexenio. “El estado es hoy referente internacional. Lo vimos en Davos (Suiza) y no vamos a dejar de ir a esos eventos”, recalcó durante la presentación de un foro de electromovilidad que se realizará en junio.

En sus redes sociales, adelantó que ya está listo el proyecto para el nuevo estadio del club de futbol Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con una inversión de 8 mil 200 millones de pesos.

En este contexto, el presidente del Congreso, el panista Mauro Guerra Villarreal, acusó a Samuel García de incumplir de nueva cuenta acuerdos al establecer reglas no pactadas para que los municipios pudieran acceder a un fondo de 2 mil 500 millones de pesos en el presupuesto de egresos.

“A pesar de que se aprobó el reparto de los recursos por esta legislatura, el gobierno estatal lo entrampa de nuevo al fijar ilegalmente reglas no previstas y condiciones para su entrega a los municipios”, refirió.

Al rendir el informe de actividades de la Diputación Permanente e iniciar el segundo periodo ordinario de sesiones, el legislador culpó al gobernador de denostar al Poder Legislativo, por lo que le exigió respeto.

Reprochó que la entidad no cuente con un fiscal, pese a que se lanzó en tiempo y forma una convocatoria; “un comité ciudadano hizo una revisión de los aspirantes. Se conformó una terna finalista, la cual antes de ser notificada fue desestimada por el gobernador, quien decidió litigar esta decisión, y nuevamente no permitir a este Congreso avanzar en sus responsabilidades”, manifestó.

La comisión anticorrupción acordó el martes iniciar juicio político contra García Sepúlveda por violaciones graves a la Constitución estatal, por no presentar a tiempo el presupuesto de 2023 e incumplir con la publicación de decretos avalados por el Congreso.

Con el voto en contra de los diputados de Movimiento Ciudadano y de la Bancada 4T, la Comisión Anticorrupción del Congreso aprobó el inicio del juicio político.

La Comisión citó al Ejecutivo estatal a comparecer ante los integrantes de ésta el 10 de febrero a las 16:30 horas.

La solicitud de juicio político contra el gobernador fue presentada por Annia Gómez Cárdenas y José Luis Garza Ochoa, diputados federales del PAN y PRI, respectivamente.

En defensa de Samuel García

Sandra Pámanes Ortiz, Diputada local de MC, dijo durante el debate de aprobación del juicio político que no había sustento en la denuncia y debía ser desechada, pues al momento de su promoción ya se habían publicado 35 decretos de los que se señalaban en ésta como retenidos.

Agregó que tampoco había un daño a la sociedad por no presentar el Presupuesto, pues había la disposición legal que establecía la aplicación del de 2022, por lo que no había ningún delito.

Pámanes Ortiz, dijo que lo que estaban discutiendo era un acto de revanchismo y de cobrar venganza contra el Gobernador. "Ya dejémonos de tanta farsa, de acciones perversas, por ningún motivo es procedente este juicio, no hay elementos, no hay sustento", expuso.

Edición: Estefanía Cardeña