EFE/ David Brooks
La fiscalía y la defensa presentaron sus últimos argumentos para tratar de convencer al jurado que declare a Genaro García Luna culpable o no culpable de recibir sobornos multimillonarios del cártel de Sinaloa y con ello condenar a quien fue la “cara pública” de la guerra contra las drogas en México y Estados Unidos como un cómplice del crimen organizado o absolver a un ex policía nacional acusado injustamente por sus enemigos.
Este jueves, el juez Brian Cogan entregará el caso al jurado para que de inmediato inicie sus deliberaciones a puerta cerrada para buscar el consenso unánime sobre cada uno de los cinco cargos criminales. Vale recordar que es el jurado de 12 ciudadanos (más seis suplentes en caso de que uno de los 12 deba ser sustituido por alguna razón imprevista), y no el juez, quien finalmente determina el resultado de los juicios criminales. Hasta que se conozca el veredicto, hay presunción de inocencia del acusado.
La fiscalía estadunidense arrancó este miércoles haciendo hincapié en el testimonio del narcotraficante Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, brazo derecho del capo Arturo Beltrán Leyva.
"Deben leer el testimonio de El Grande", dijo la fiscal Saritha Komatireddy a los miembros del jurado antes de insistir en que su declaración contra García Luna supone una "prueba específica y creíble de la culpabilidad del acusado", a quien calificó como un hombre "inteligente, ambicioso y poderoso" que "utilizó su posición para ganar millones de dólares de la gente que tenía que haber perseguido".
“La evidencia ha demostrado que el acusado fue un oficial político corrupto… quien tomó millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa” para asistir en el tráfico internacional de drogas, y que el acusado “es una político inteligente, ambicioso, poderoso y egoísta”, afirmo Saritha Komatireddy.
“La hora ha llegado para obligar a que el acusado rinda cuenta por sus delitos”, subrayó.
Resumiendo el caso, recordó que los fiscales presentaron un total de nueve testigos cooperantes quienes ofrecieron declaraciones con conocimiento directo y específico de los actos criminales del acusado. Hiló fragmentos de las declaraciones durante este juicio de los ex narcotraficantes, funcionarios públicos, agentes de seguridad pública estadunidenses y mexicanos y hasta un ex embajador estadunidense en México, enfatizando que “todos han dicho una sola cosa: el acusado aceptó millones de sobornos repagando el favor asistiendo al cártel de Sinaloa”.
La fiscal recordó que varios de los testigos cooperantes repitieron que el negocio del cártel requiere del apoyo de los gobiernos a todos los niveles, y que “el acusado era uno de esos funcionarios corruptos” que traicionaron sus obligaciones de servir al público para hacerse ricos coludiéndose con aquellos a quienes juraron combatir.
Resaltó partes de las declaraciones de figuras como El Rey Zambada, El Grande, El Lobo Valencia, Veytia, El Conejo y otros que ofrecieron “evidencia específica y creíble” sobre el pago de sobornos al acusado y sus socios, la asistencia que oficiales y funcionarios corruptos brindaban al cártel, y cómo el negocio del narcotráfico estaba protegido por esas relaciones corruptas con los más altos niveles del gobierno, citando a uno de los testigos recodando que le dijo a otro: “cabrón, no te preocupes, todo está arreglado”, gracias en parte al acusado.
Además, comparó al grupo narcotraficante con una reconocida empresa de logística de EU, con alcance mundial: "El Cártel de Sinaloa es como el FedEx de la cocaína (…) es imposible operar una multinacional de esa envergadura sin ayuda dentro del gobierno mexicano y por ello buscaron a los oficiales más corruptos (…) todos los líderes del cártel dijeron que era necesario tener respaldo en todos los niveles de autoridad, locales, estatales y federales, pero sobretodo en los niveles más altos".
Sentenció que "una sola declaración de (un testigo cooperante) puede ser suficiente", antes de subrayar que el Gobierno ha presentado a nueve testigos cooperantes, ex narcotraficantes que cumplen o han cumplido condena en Estados Unidos.
Después de un breve descanso y tras hora y media de presentación, Komatireddy continuó su alegato para convencer a los doce miembros del jurado de que, tal y como sostiene, García Luna ayudó y ofreció protección al cártel de Sinaloa para que pudiera ampliar su territorio, eliminar bandas rivales e introducir toneladas de cocaína en Estados Unidos, a cambio de sobornos millonarios.
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La decisión, en manos de 12 ciudadanos
García Luna está acusado de cinco cargos: participación en empresa criminal continua; conspiración de distribución internacional de cocaína; conspiración de distribución y posesión de cocaína; conspiración para importar cocaína y falsedad en una declaración para obtener la nacionalidad estadounidense en 2018. Podría ser condenado a entre 10 años de prisión y cadena perpetua.
Su destino está en manos de 12 jueces que a partir de este miércoles se retirarán para deliberar, siguiendo unas pautas pactadas por el juez instructor Brian Cogan, la fiscalía y la defensa.
Tendrán que determinar si este ingeniero mecánico de 54 años, que se trasladó en 2012 a vivir a Estados Unidos en busca de tranquilidad y seguridad, como aseguró su esposa Cristina Pereyra al tribunal la víspera, es culpable o no culpable.
El gobierno de México, que ha pedido a Estados Unidos su extradición, también reclama 700 millones de dólares presuntamente malversados por el ex secretario, acusado de supervisar la detención en diciembre de 2005 de la francesa Florence Cassez y de su ex novio Israel Vallarta, una operación denunciada como un montaje.
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