Al cierre de 2021, el proyecto del Tren Maya carecía de un documento de planeación con estrategias, metas e indicadores para evaluar el impacto turístico y la derrama económica de la obra. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó riesgo “en seguimiento inadecuado de la programación del proyecto, por retrasos en la construcción de los tramos 1 a 4, y 5 sur, asociada a sobrecostos”.
En el tercer informe de la cuenta pública 2021, el ente fiscalizador de la Cámara de Diputados también estableció que hubo incumplimiento en 97 de los 296 acuerdos derivados de la consulta indígena aplicada sobre el proyecto, relacionados con solicitudes y necesidades de comunidades indígenas. Quedaron pendientes de validar 2 mil 749 peticiones que, de acuerdo con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), “canalizarlas a las instancias correspondientes es una responsabilidad a cargo de la Secretaría de Gobernación”.
La ASF resaltó que la Oficina de Gestión del Proyecto (OGP) registró en 2021, 265 riesgos, entre los cuales destacaron los “retrasos en la liberación del derecho de vía; la obtención de permisos y trámites ambientales, la conclusión de los trabajos arqueológicos para la protección del patrimonio cultural”, así como la falta de proyectos ejecutivos autorizados y la existencia de “organizaciones civiles locales de la península de Yucatán que están en contra del proyecto”.
Asimismo, planteó en ese año, el riesgo de “karsticidad, referido al fenómeno que provoca que las rocas del subsuelo, como yeso, calizas y dolomías, al ser disueltas por el agua, causen hundimientos de suelo o socavones y cuevas, el cual tiene probabilidad de presentarse en los tramos 4, 5, 6 y 7”.
La instancia fiscalizadora mencionó que finalizó 2021 y ni el Fonatur ni su área Fonatur Tren Maya elaboraron algún plan de trabajo para mitigar esos riesgos, como les pidió la OGP.
La ASF resaltó que la OGP también recomendó establecer procedimientos de actuación para agilizar trámites relacionados con los monumentos hallados en la construcción de la obra –19 mil 483, de los cuales 6 mil 406 están en la ruta del tren–, debido a que los trabajos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) “pueden obligar a modificar el proyecto y requerir de nuevos predios no contemplados originalmente, lo que genera acciones interactivas que requieren modificar documentos como la Manifestación de Impacto Ambiental Regional”.
También destacó que el Fonatur no definió en su totalidad 25 comunidades sustentables y eran “susceptibles a cambios derivados de modificaciones al trazo del Tren Maya”.
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