Laura Gómez Flores
A más de un año de haber sido vinculada a proceso, la jueza de control Gloria Hernández Franco emitió el auto de apertura a juicio contra la ex directora de Comunicación Social de la Procuraduría General de Justicia, Elena N, por el delito de ejercicio ilegal del servicio público, informaron asesoras jurídicas del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio y Justicia Pro Persona, A.C.
Ello, explicaron, derivado de su probable responsabilidad en la publicación de tuits oficiales con información estigmatizante y discriminatoria en perjuicio de la joven Lesvy Berlín Rivera Osorio, víctima de feminicidio la madrugada del 3 de mayo de 2017 en Ciudad Universitaria.
Ante la determinación de la impartidora de justicia de que existía oposición fundada de las víctimas para no conceder la suspensión condicional del proceso, la defensa de la ex funcionaria promovió otro recurso de apelación, el cual será resuelto por la Cuarta Sala Penal del Poder Judicial de la Ciudad de México.
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Las asesoras jurídicas exigieron que éste sea resuelto desde un enfoque de derechos humanos con perspectiva de género y que considere las razones fundadas de las víctimas para oponerse a una salida alterna ante el desinterés y negativa de reparar el daño moral que incluya una disculpa pública.
El plan de reparación que le presentaron, recordaron, consideraba medidas de rehabilitación sicológica y de salud, de satisfacción y de no repetición, mediante la elaboración de una propuesta de Guía dirigida a las áreas de comunicación social en el tratamiento de la información relacionada con víctimas de violencias en razón de género y que ésta fuera presentada en un acto de disculpa pública.
Tras diferirse en tres ocasiones las audiencias, a solicitud de su defensa particular, ésta manifestó que no era posible llegar a un acuerdo sobre dicho plan, argumentando que se trataba de “exigencias” de las víctimas que su representada no podía cumplir, señalaron.
Sin embargo, solicitó, nuevamente, la suspensión condicional del proceso, lo cual fue rechazado.
Mencionaron que, a Lesvy, como a miles de víctimas en este país, se le debe justicia por la violencia institucional, por lo que a casi seis años de que la familia presentara la denuncia contra servidores públicos, entonces como ahora, “nos mantenemos en exigencia de la correcta aplicación de la ley y el acceso a la justicia”.
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