Presentan 147 empleados del INE demanda contra 'Plan B'

El amparo es para no perder sus empleos, proteger sueldos y salarios
Foto: Cristina Rodríguez

César Arellano García

Un grupo de 147 empleados del Instituto Nacional Electoral (INE) presentaron la primera demanda de amparo contra la reforma electoral, conocida como “Plan B”, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 2 de marzo, señaló Rodolfo Martínez, representante de la firma Trusan & Roma Abogados.

En entrevista, el jurista señaló que los trabajadores del servicio profesional electoral y de las áreas administrativas presentaron la demanda para no perder sus empleos, proteger sueldos y salarios.

 

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“Este amparo tiene por objeto evitar que los empleados sean objeto de la restructuración y compactación administrativa que está prevista en la ley. O queremos que se les aplique la norma para que no pierdan su fuente de empleo. De acuerdo a estimaciones de los propios consejeros electores, casi la mitad del personal del INE podría quedarse sin empleo por dicha reforma”.

Para el abogado, el amparo es la única vía procedente para impugnar la reforma electoral que afecta, tanto al servicio profesional electoral, como a las áreas administrativas y las juntas distritales y también para proteger la póliza de gastos médicos y el seguro de separación.

“El amparo lo promovimos en juzgados de San Lázaro, aún no nos deciden en que juzgado se radica pero seguro el jueves o viernes respecto a la determinación del juez de admitir y en su caso otorgar la suspensión para el efecto de que no se les apliquen la reforma a los trabajadores afectados”.

Por separado, una juez de distrito admitió el juicio de amparo contra la reforma electoral. El nombre de la persona que presentó el recurso está testado, pero en su demanda presentó como actos reclamados el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral. El promovente solicitó la suspensión; pero el juez no dio a conocer si la otorgó.

 

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Edición: Estefanía Cardeña


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