Gustavo Castillo
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió por tiempo indefinido la entrada en vigor del plan B (la reforma electoral impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador) al admitir a trámite la demanda de controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral (INE).
El máximo tribunal del país informó que esta controversia corresponde ser analizada por el ministro Javier Laynez Potisek, quien admitió la demanda y concedió la suspensión. Lo que sigue es que el magistrado reciba los argumentos de los poderes Ejecutivo y Legislativo sobre esta reforma, elaborar un proyecto de sentencia y proponerlo al pleno de la SCJN, lo que no tiene fecha para concretarse.
La Corte detalló que la suspensión fue otorgada debido a que el decreto “no sólo contiene normas de carácter general, sino también actos concretos de aplicación sobre los cuales la suspensión generalmente se concede”.
El tribunal indicó que “la SCJN ha resuelto en ocasiones anteriores que en controversias constitucionales sí corresponde otorgar la suspensión, aun tratándose de leyes, cuando pudieran vulnerar de manera irreparable derechos humanos. En el caso que nos ocupa se trata de la posible violación a los derechos político electorales de la ciudadanía”.
La controversia constitucional fue presentada por el INE el 9 de marzo y combate el decreto que reforma las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos y Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 2023.
Impugna 200 artículos de la reforma por “vulnerar” 25 disposiciones de la Carta Magna relativas a derechos laborales de los empleados del INE y derechos políticos de la ciudadanía.
Este acuerdo se refiere a la segunda controversia interpuesta por el INE; la primera fue entregada el 1º de febrero contra los cambios a las leyes General de Comunicación Social y Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Esta suspensión es distinta a la también solicitada y otorgada para la primera fase del plan B, promovida por municipios de Coahuila, Estado de México, Nuevo León, Sonora y Michoacán, la cual señaló que las reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas violan el principio constitucional de municipio libre, y cuyos efectos y definición inicial están bajo la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán.
Edición: Gustavo Marmolejo
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